Declaración Jurada España

La Declaración Jurada es, en España, la declaración formal por escrito regulada por Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889), art. 1281; Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, art. 317, con la que el declarante manifiesta hechos o voluntades con efectos jurídicos.

La declaración jurada es uno de los instrumentos jurídicos más versátiles del derecho procesal y administrativo español, utilizado en una amplísima variedad de contextos: solicitudes de extranjería ante la Oficina de Extranjería, procedimientos administrativos ante la Agencia Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), asuntos de estado civil en el Registro Civil del Ministerio de Justicia, actuaciones notariales ante el Notario Público conforme al Reglamento Notarial (Decreto de 2 de junio de 1944), procedimientos judiciales ante los Juzgados y Tribunales, actos inscribibles en el Registro de la Propiedad, y negocios jurídicos privados.

La fuerza jurídica de una declaración jurada depende fundamentalmente de si se otorga como documento privado — firmado ante testigo o en presencia de una autoridad pública — o como documento público — otorgado ante Notario Público. Conforme al Artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el documento público hace plena prueba de los hechos y de la fecha que recoge frente a terceros, mientras que el documento privado conforme al Artículo 326 LEC tiene fuerza probatoria entre las partes que lo suscribieron pero requiere reconocimiento o autenticación pericial para hacerse valer frente a terceros. Para procedimientos de extranjería y muchos trámites administrativos, la declaración jurada notarizada es la que generalmente se exige.

Las declaraciones falsas en una declaración jurada pueden constituir el delito de falso testimonio (falso testimonio) conforme a los artículos 458 a 462 del Código Penal (LO 10/1995) cuando se realicen en procedimientos judiciales, o el delito de falsedad en documento privado (falsedad en documento privado) conforme al Artículo 395 del Código Penal en otros contextos. Las declaraciones falsas ante la Administración también pueden acarrear sanciones administrativas (infracciones administrativas) conforme a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La gravedad moral y jurídica de una declaración jurada en España — especialmente cuando se otorga ante Notario Público — actúa por tanto como un poderoso disuasor frente a las declaraciones falsas.

La declaración jurada se distingue de la declaración responsable del Artículo 69 de la Ley 39/2015: la declaración jurada implica un juramento expreso o promesa solemne sobre la veracidad de los hechos declarados, mientras que la declaración responsable implica que el declarante asume responsabilidad personal por el cumplimiento de requisitos regulatorios, sin que sea necesario un juramento explícito. Ambos tipos de declaración se utilizan ampliamente en el procedimiento administrativo español conforme a la Ley 39/2015.

El Consejo General del Notariado, que actúa al amparo de la Ley del Notariado (Ley de 28 de mayo de 1862, con sus sucesivas reformas), establece los estándares de la intervención notarial en las declaraciones juradas. Cuando una declaración jurada se otorga ante Notario Público, el Notario la incorpora a su protocolo notarial, le asigna un número de protocolo y expide copias autorizadas para su presentación ante las autoridades. El Notario verifica la identidad del declarante pero no comprueba la veracidad de los hechos declarados — la responsabilidad por la exactitud de la declaración recae íntegramente sobre el declarante. Las escrituras protocolizadas se conservan permanentemente en los archivos notariales y pueden ser consultadas por el declarante y las personas autorizadas.

Para su uso fuera de España — en procedimientos de extranjería en el extranjero, ante tribunales extranjeros o para su reconocimiento por registros públicos extranjeros — una declaración jurada otorgada ante Notario Público español debe apostillarse generalmente conforme al Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 por el Ministerio de Justicia o el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente. Cuando el país destinatario no es signatario del Convenio de La Haya, puede ser necesaria la legalización completa a través de la red consular española y el consulado del país extranjero en España. Las traducciones juradas por un intérprete jurado autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores conforme al Real Decreto 2002/2009 son generalmente exigidas para la presentación en idioma extranjero.

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La Declaración Jurada España se exige en numerosos procedimientos administrativos, judiciales y privados en los que la Administración o un tercero necesita acreditar la veracidad de ciertos hechos sin disponer de documentación oficial suficiente. El uso de la declaración jurada está previsto tanto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), como en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), que en su Artículo 317 y siguientes reconoce su valor probatorio.

En el ámbito de extranjería, la declaración jurada resulta imprescindible para acreditar medios económicos suficientes al amparo del Artículo 54 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, Reglamento de Extranjería, así como para justificar lazos familiares o convivencia en expedientes de reagrupación familiar tramitados ante la Oficina de Extranjeros o el Ministerio del Interior. Del mismo modo, los ciudadanos que solicitan residencia por arraigo social o arraigo laboral ante la Secretaría de Estado de Migraciones deben presentar una declaración jurada acreditativa de su situación.

En procedimientos ante notarios y registradores, la declaración jurada se utiliza para acreditar el estado civil del declarante, la inexistencia de herederos forzosos en expedientes sucesorios, o la titularidad de bienes en el extranjero conforme al Artículo 25 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), actualmente integrada en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ha consolidado esta práctica en su jurisprudencia registral.

En el marco de subvenciones y ayudas públicas reguladas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los beneficiarios deben presentar declaración jurada de no estar incursos en las prohibiciones del Artículo 13, incluyendo la ausencia de deudas tributarias con la Agencia Tributaria (AEAT) o con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Las entidades locales, comunidades autónomas y la Administración General del Estado exigen sistemáticamente este documento en sus bases reguladoras de convocatorias de ayudas.

En el ámbito laboral, la declaración jurada se emplea para acreditar la situación de desempleo, la no percepción de otras prestaciones incompatibles con el subsidio por desempleo regulado en el Artículo 274 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), o la titularidad exclusiva de una actividad económica en el caso de trabajadores autónomos dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

También se requiere declaración jurada en procedimientos civiles de separación o divorcio para declarar el patrimonio existente, en expedientes de adopción nacional e internacional tramitados ante el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor u organismos equivalentes de las comunidades autónomas, y en trámites ante el Registro Civil para la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones cuando no exista documentación pública suficiente conforme a la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

La Declaración Jurada España debe contener una serie de elementos esenciales para que produzca plenos efectos legales ante las Administraciones Públicas, los órganos judiciales y los notarios. forms-legal.com proporciona una plantilla conforme a los requisitos establecidos en la Ley 39/2015 (LPAC), el Código Civil y la legislación procesal española.

**Identificación completa del declarante.** El documento debe recoger el nombre completo, número de DNI, NIE o pasaporte, fecha de nacimiento, domicilio habitual y, en su caso, la representación que ostenta si actúa en nombre de otra persona jurídica o física. Conforme al Artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), estos datos solo pueden utilizarse para la finalidad declarada.

**Cuerpo declarativo con hechos concretos y verificables.** La parte central de la declaración jurada debe exponer de forma clara, precisa y ordenada los hechos que el declarante afirma como ciertos. Cada hecho debe ser susceptible de verificación y no puede contener afirmaciones genéricas o ambiguas. El Artículo 3 de la Ley 39/2015 exige que las actuaciones ante la Administración Pública se ajusten a los principios de buena fe y confianza legítima.

**Fórmula solemne de juramento o promesa.** La declaración debe incorporar una fórmula expresa mediante la cual el declarante afirma bajo juramento o promesa solemne — conforme a sus creencias o conciencia — la veracidad de lo manifestado, con pleno conocimiento de las consecuencias penales de una declaración falsa previstas en el Artículo 328 del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995).

**Advertencia de responsabilidad penal.** Para que la declaración jurada tenga efecto disuasorio y probatorio pleno, debe incluir una advertencia expresa de que la falsedad en la declaración puede constituir el delito de falsedad documental tipificado en los artículos 390 a 399 del Código Penal, o bien el delito de falso testimonio del Artículo 458, según el contexto procesal en que se emita.

**Lugar, fecha y firma manuscrita o electrónica.** La declaración debe estar fechada en el lugar y fecha de su firma para determinar el momento en que surte efectos. En los procedimientos electrónicos ante la Administración, la firma puede ser electrónica cualificada conforme al Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (eIDAS) y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

**Testigos o fedatario público cuando se requiera.** En determinados procedimientos — como los expedientes de dominio, las actas de notoriedad o los trámites de extranjería de mayor complejidad — la declaración jurada debe estar ratificada ante notario, en cuyo caso el notario extiende diligencia conforme a los artículos 197 y siguientes del Reglamento Notarial (Decreto de 2 de junio de 1944). En otros casos, basta con la firma ante dos testigos mayores de edad.

**Documentación acreditativa adjunta.** La declaración jurada debe acompañarse, siempre que sea posible, de los documentos que corroboren los hechos declarados: certificados de empadronamiento del Ayuntamiento correspondiente, extractos bancarios, contratos de trabajo, certificados de la Seguridad Social o cualquier otro documento oficial que refuerce la credibilidad de la declaración ante el órgano receptor.

**Cláusula de consentimiento al tratamiento de datos.** Conforme al Artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679) y la LOPDGDD, la declaración jurada que vaya a ser presentada ante una Administración Pública o entidad privada debe incluir una referencia a la política de privacidad aplicable y al responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en el documento.

**Versión multilingüe si se presenta en el extranjero.** Cuando la declaración jurada deba surtir efectos en un país extranjero, es necesario incorporar una traducción oficial jurada realizada por un traductor jurado reconocido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, conforme al Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas.

La Declaración Jurada en España debe recoger también los elementos de cumplimiento legal exigidos por la normativa administrativa y notarial española. El Artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), ampara el uso de declaraciones juradas como mecanismo de acreditación de requisitos ante la Administración cuando así lo permita la normativa sectorial. El Reglamento Notarial (Decreto de 2 de junio de 1944), Artículo 144, regula las manifestaciones y declaraciones juradas autorizadas por Notario Público como documentos públicos con plena fe probatoria conforme al Artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, LEC). El Artículo 390 del Código Penal tipifica la falsedad en documento público o privado: quien suscribe una declaración jurada con afirmaciones falsas que perjudiquen a terceros puede incurrir en el delito de falsedad documental, castigado con penas de prisión de seis meses a tres años. La Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) y el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), Artículo 6, son aplicables cuando la declaración jurada recoge datos personales: el tratamiento de estos datos debe tener base jurídica legítima y respetarse el principio de minimización de datos del Artículo 5 RGPD. El Real Decreto Legislativo 1/1993 (TRLITPAJD) exige el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) cuando la declaración jurada se formaliza en escritura pública notarial con cuantía determinada. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y el Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) regulan la validez jurídica de las declaraciones juradas suscritas con firma electrónica cualificada ante la Sede Electrónica de las Administraciones Públicas. Forms-legal.com ofrece esta plantilla de Declaración Jurada España como modelo de referencia; las declaraciones juradas para procedimientos notariales, judiciales o de extranjería deben ser redactadas con asistencia de un abogado o notario colegiado.