Contrato de Promesa de Matrimonio (Esponsales) México (CCF arts. 139–143)

Conforme al Artículo 139 del CCF, la promesa de matrimonio (esponsales) no es un contrato legalmente exigible de contraer matrimonio — ningún tribunal mexicano ordenará a ninguna de las partes celebrar una boda en contra de su voluntad. Esto refleja la protección constitucional de la libertad individual para contraer matrimonio conforme al Artículo 4 de la Constitución Política. Sin embargo, el compromiso sí genera consecuencias jurídicas limitadas conforme a los Artículos 140 a 143 del CCF: si una de las partes rompe el compromiso sin causa justificada, la otra parte puede reclamar la devolución de los regalos intercambiados en contemplación del matrimonio y el reembolso de los gastos razonables de preparación de la boda. La 'causa justificada' para romper un compromiso incluye descubrir que la otra parte tergiversó un hecho relevante — como ocultar un matrimonio previo, una enfermedad grave o antecedentes penales. Romper un compromiso por un cambio de sentimientos o por haber encontrado a otra pareja generalmente se trata como sin causa justificada, lo que expone a quien lo rompe a los remedios limitados del Artículo 140 del CCF. Los tribunales mexicanos han sostenido de manera consistente que la libertad de no casarse prevalece sobre el compromiso contractual, por lo que los acuerdos de compromiso que pretenden imponer penas económicas por ejercer el derecho a desistir del matrimonio probablemente son inejecutables en la medida en que excedan el marco del Artículo 140 del CCF.

El Artículo 140 del CCF establece la obligación de restitución de regalos aplicable cuando un compromiso se rompe injustificadamente en México. Ambas partes deben devolver los regalos recibidos del otro o de terceros (como familiares) que hayan sido dados específicamente en contemplación del matrimonio — no los regalos generales dados para otras ocasiones. El ejemplo clásico es el anillo de compromiso: si la parte que recibió el anillo rompe el compromiso sin causa justificada, debe devolver el anillo; si la parte que dio el anillo lo rompe sin causa justificada, el receptor generalmente tiene derecho a conservarlo como compensación por el incumplimiento, aunque algunos tribunales mexicanos han ordenado su devolución sin importar la culpa para evitar el enriquecimiento injustificado. Los regalos en dinero de las familias destinados a financiar el hogar de la pareja o los gastos de la boda también deben devolverse de manera proporcional si el matrimonio no se realiza. Los regalos que fueron dados para uso personal y que se han consumido o no pueden devolverse en especie se restituyen por su valor monetario. Los regalos dados para ocasiones personales generales — cumpleaños, Navidad, aniversarios — y no específicamente vinculados al matrimonio previsto generalmente no están sujetos a la obligación de restitución conforme al Artículo 140 del CCF. Un inventario escrito de regalos en el acuerdo de compromiso simplifica considerablemente este proceso.

No. El Artículo 143 del CCF señala expresamente que la promesa de matrimonio (esponsales) no da lugar a la obligación de indemnizar el daño moral cuando el compromiso se rompe. Esta es una exclusión legal específica del régimen general de responsabilidad por daño moral del Artículo 1916 del CCF, que de otro modo permite la reparación del daño no económico, incluidos la angustia emocional, el daño reputacional y la pérdida de dignidad. La razón legislativa para excluir el daño moral de las reclamaciones por compromiso roto es proteger la libertad de matrimonio — si las penas económicas por las consecuencias emocionales de negarse a casarse fueran exigibles, el efecto práctico sería coaccionar a las personas a contraer matrimonios en contra de su voluntad. La parte agraviada queda, por tanto, limitada a los remedios materiales del Artículo 140 del CCF: la devolución de regalos y la recuperación de los gastos razonables y documentados de preparación de la boda. Algunas partes intentan estructurar las reclamaciones de daño moral relacionadas con el compromiso bajo otras teorías jurídicas — por ejemplo, como una reclamación general de responsabilidad civil extracontractual conforme al Artículo 1910 del CCF por el daño causado por culpa o negligencia, o como una reclamación de daño moral conforme al Artículo 1916 del CCF derivada de la conducta durante la ruptura y no de la ruptura en sí. Los tribunales mexicanos han sido inconsistentes al aceptar tales teorías alternativas, y se recomienda la asesoría de un Licenciado en Derecho especializado en derecho familiar antes de promover cualquier reclamación de daños relacionada con un compromiso roto.

El matrimonio civil en México es la única forma de matrimonio legalmente reconocida — las ceremonias religiosas no tienen efecto legal civil conforme al Artículo 130 del CCF y al Artículo 130 de la Constitución Política. Los requisitos para un matrimonio civil válido conforme al CCF incluyen: ambas partes deben tener al menos 18 años de edad (la reforma al CCF de 2019 eliminó todas las excepciones que permitían el matrimonio de menores de 18 años, incluido con consentimiento de los padres); ambas partes deben ser solteras, divorciadas con sentencia de divorcio firme y ejecutoriada, o viudas con un acta de defunción; las partes no deben ser parientes consanguíneos en los grados prohibidos (parentesco en línea recta sin límite de grados, y colateral hasta el cuarto grado) conforme al Artículo 156 del CCF; ninguna de las partes puede estar ya casada con otra persona (la bigamia es un delito conforme al Artículo 279 del Código Penal Federal); el matrimonio debe celebrarse ante el Oficial del Registro Civil con dos testigos por cada parte; las partes deben publicar las amonestaciones de matrimonio durante ocho días naturales antes de la ceremonia para permitir las objeciones públicas conforme a los Artículos 97 a 100 del CCF, salvo que soliciten una dispensa de amonestaciones al director del Registro Civil; y ambas partes deben comparecer personalmente ante el Oficial del Registro Civil y expresar libremente su consentimiento para contraer matrimonio. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legalmente válido en todos los estados de México conforme a la jurisprudencia de la SCJN que establece la inconstitucionalidad de las restricciones a la igualdad en el matrimonio.

El derecho del matrimonio civil mexicano exige que las partes elijan uno de dos regímenes patrimoniales ante el Oficial del Registro Civil al momento del matrimonio. La sociedad conyugal (comunidad de bienes) conforme a los Artículos 183 a 206 del CCF establece un patrimonio común en el que los ingresos, bienes y pasivos adquiridos por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio pertenecen por partes iguales a ambos cónyuges — cada cónyuge es dueño del 50% de todos los bienes comunes sin importar quién los obtuvo o pagó. Los bienes propios de cualquiera de los cónyuges anteriores al matrimonio (bienes privativos) permanecen como bienes propios. Al divorcio o al fallecimiento, el patrimonio común se divide por partes iguales entre los cónyuges (o entre el cónyuge supérstite y los herederos del fallecido). La separación de bienes conforme a los Artículos 207 a 218 del CCF mantiene los bienes y los ingresos de cada cónyuge completamente separados durante todo el matrimonio — cada cónyuge es dueño, administra y es responsable únicamente de sus propios bienes y deudas. Ninguno de los cónyuges tiene derecho alguno sobre los bienes del otro adquiridos durante el matrimonio. Al divorcio, cada cónyuge retoma únicamente sus propios bienes. En la práctica, muchas parejas mexicanas eligen la separación de bienes para empresarios o profesionistas a fin de evitar que los pasivos del negocio de uno de los cónyuges afecten los bienes personales del otro, mientras que las parejas que forman su primer hogar prefieren la sociedad conyugal para construir patrimonio de manera conjunta. El régimen elegido en el matrimonio no puede cambiarse unilateralmente, pero puede modificarse por mutuo acuerdo ante Notario Público conforme al Artículo 206 del CCF.

Las capitulaciones matrimoniales son acuerdos formales por escrito que las partes pueden otorgar antes o durante el matrimonio para especificar en detalle los términos de su régimen patrimonial matrimonial, más allá de las reglas supletorias de la sociedad conyugal o la separación de bienes conforme al Código Civil Federal. Conforme a los Artículos 183, 189 y 207 del CCF, las capitulaciones matrimoniales pueden: especificar qué bienes aporta cada parte al matrimonio como bienes propios; definir el alcance del patrimonio común en una sociedad conyugal; pactar cómo se tratarán bienes específicos; establecer disposiciones para la administración de los bienes comunes durante el matrimonio; y establecer los términos para la disolución del régimen matrimonial por divorcio o muerte. Las capitulaciones matrimoniales deben otorgarse ante Notario Público como escritura pública para ser oponibles frente a terceros — los documentos privados son válidos entre los cónyuges pero no frente a acreedores o herederos. Deben inscribirse en el Registro Público de la Propiedad (por sus implicaciones inmobiliarias) y en el Registro Civil. Las capitulaciones prematrimoniales (ante nuptias) se otorgan antes de la ceremonia de la boda y surten efectos a partir del matrimonio. Las modificaciones posteriores al matrimonio también se permiten conforme al Artículo 206 del CCF por mutuo acuerdo ante notario. Las capitulaciones matrimoniales son particularmente importantes para personas de alto patrimonio, empresarios y parejas internacionales — un Notario Público y un Licenciado en Derecho especializado en planeación patrimonial deben asesorar sobre la estructura apropiada.

Los extranjeros pueden casarse legalmente en México ante un Oficial del Registro Civil mexicano, y el matrimonio es plenamente válido conforme al derecho mexicano y generalmente reconocido a nivel internacional. Los Artículos 68 y 156 del CCF aplican a todas las personas que se casan en México sin importar su nacionalidad. Los requisitos documentales especiales para los extranjeros típicamente incluyen: un pasaporte válido y una visa o documento migratorio expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM); un certificado de estado civil (certificado de soltería, de libertad de estado civil o de capacidad para contraer matrimonio) expedido por la embajada o el consulado del país de origen del extranjero en México, apostillado si el país es parte del Convenio de la Apostilla de La Haya; si fue casado previamente, una copia certificada de la sentencia de divorcio o del acta de defunción del cónyuge, apostillada y traducida al español por un perito traductor certificado; y, en algunos estados, un análisis de sangre o certificado médico prenupcial. Los requisitos varían por estado de México (cada estado tiene su propio Código Civil y normatividad del Registro Civil) — las partes deben consultar al Registro Civil del estado y municipio específicos donde se celebrará el matrimonio. Un matrimonio entre personas del mismo sexo entre un extranjero y un ciudadano mexicano, o entre dos extranjeros en México, es válido en todos los estados de México conforme a la jurisprudencia de la SCJN. El acta de matrimonio civil mexicana debe apostillarse ante la Secretaría de Gobernación para su reconocimiento en el extranjero.

Cuando un compromiso se rompe porque una de las partes descubre que la otra tergiversó un hecho relevante — por ejemplo, ocultar un matrimonio anterior subsistente, una enfermedad hereditaria grave, antecedentes penales o insolvencia financiera — el derecho mexicano trata esto como una causa justificada para romper el compromiso conforme al Artículo 141 del CCF. En estas circunstancias, la parte que descubre el engaño y rompe el compromiso no responde por la devolución de regalos ni por el reembolso de gastos conforme al Artículo 140 del CCF — en cambio, el derecho a reclamar la devolución de regalos y gastos puede trasladarse a la parte inocente en contra de la parte que cometió el engaño. Más allá del marco de los esponsales del CCF, la parte inocente puede tener remedios adicionales: una reclamación de responsabilidad civil por daño patrimonial conforme a los Artículos 1910 a 1916 del CCF por las pérdidas causadas por el engaño fraudulento (dolo) de la otra parte al inducir el compromiso — esta reclamación es distinta de la prohibición de daño moral del Artículo 143 del CCF y puede incluir pérdidas financieras reales; en casos de ocultamiento de un matrimonio anterior, la parte inocente puede presentar una denuncia penal por bigamia conforme al Artículo 279 del Código Penal Federal o el código penal estatal aplicable. Un Licenciado en Derecho especializado en derecho civil y familiar debe asesorar sobre la estrategia legal apropiada cuando se alega un engaño.