Contrato de Servicios de Vigilancia México (Ley Federal de Seguridad Privada art. 26)

Toda empresa de seguridad privada que opere en México debe contar con una autorización de funcionamiento expedida por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP), conforme al art. 14 de la Ley Federal de Seguridad Privada (LFSP). La licencia SEGOB especifica las modalidades de servicio autorizadas según el art. 5 LFSP (seguridad física, seguridad electrónica, investigación, protección de valores, protección a personas, protección en emergencias y recuperación de bienes) y el campo territorial de operación. Las empresas que operan exclusivamente dentro de un estado pueden tener licencias estatales bajo la ley de seguridad privada estatal aplicable en lugar de licencia federal SEGOB. Los clientes deben verificar la licencia de la empresa en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada de la DGSP antes de firmar el contrato, ya que contratar a una empresa sin licencia puede generar responsabilidad administrativa para el propio cliente. La renovación de la licencia SEGOB debe realizarse conforme al Reglamento de la LFSP, y la empresa debe notificar a la DGSP cualquier cambio en el personal directivo o en el equipo de armas.

El REPSE (Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas) es el padrón de proveedores de servicios especializados administrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), creado por la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 23 de abril de 2021 (Decreto DOF 2021). Las empresas de vigilancia privada deben registrarse en el REPSE porque los servicios de seguridad se consideran servicios especializados que no forman parte del objeto social de la mayoría de los clientes. El registro REPSE debe renovarse anualmente ante la STPS. Si la empresa de vigilancia no cuenta con registro REPSE vigente, el cliente que la contrata asume responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de seguridad social de los guardias de seguridad frente al IMSS, el INFONAVIT y el SAT, conforme a los arts. 13 a 15 LFT reformados. El cliente debe exigir copia del registro REPSE al inicio del contrato y verificar su renovación anualmente, además de solicitar al menos cada cuatro meses los comprobantes de pago de cuotas IMSS para los trabajadores asignados al servicio.

Conforme a los arts. 22 y 23 de la Ley Federal de Seguridad Privada (LFSP) y la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SSP-2000, todo personal de seguridad privada debe cumplir los siguientes requisitos mínimos de calificación: contar con Cédula de Identificación Personal (CIP) expedida por la DGSP de la SEGOB; haber completado el Currículo de Formación Básica de Seguridad Privada aprobado por la DGSP; acreditar capacitación en primeros auxilios básicos; presentar certificado de no antecedentes penales actualizado; y para guardias armados, contar con licencia individual para portación de armas expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) conforme al registro colectivo de armas de la empresa. La NOM-050-SSP-2000 establece requisitos específicos de aptitud física y mental. Las empresas de vigilancia están obligadas a mantener expedientes individuales de cada elemento de seguridad con toda su documentación de calificación actualizada, disponibles para inspección de la DGSP. El contrato de servicios de vigilancia debe requerir que la empresa acredite al cliente que todo el personal asignado al servicio cumple estos requisitos antes del inicio de operaciones y ante cualquier cambio de personal.

El uso de armas de fuego por parte de guardias de seguridad privada en México está regulado conjuntamente por la Ley Federal de Seguridad Privada (LFSP) art. 12, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) y su Reglamento, bajo supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Las empresas de seguridad que proveen guardias armados deben contar con registro colectivo de armas ante la SEDENA, que especifica las armas autorizadas por tipo, modelo y número de serie. Los guardias armados deben contar individualmente con una licencia para portar arma expedida por la SEDENA vinculada al registro colectivo de la empresa. Solo se autorizan ciertos calibres para uso civil: armas cortas de hasta .380 ACP y .38 Special, y en algunos casos 9mm o .45 ACP para guardias de empresas de traslado de valores con autorización especial. Las armas deben almacenarse en armerías registradas cuando no están en uso. El contrato de vigilancia con guardias armados debe identificar el número del registro colectivo SEDENA de la empresa, confirmar que los guardias asignados tienen sus licencias individuales vigentes, y establecer los protocolos de uso de armas (uso diferenciado de la fuerza) conforme a los principios de proporcionalidad y última ratio.

El costo de un contrato de vigilancia privada en México varía según el número de guardias, el tipo de servicio (armado o no armado), la zona geográfica y si se incluye monitoreo electrónico. La cuota mensual debe cubrir: el salario mensual de cada guardia (que no puede ser inferior al salario mínimo LFT vigente publicado por la CONASAMI —en 2024 el salario mínimo general fue de $248.93 MXN diarios, con la zona libre de la frontera norte en $374.89 MXN diarios); las cuotas patronales al IMSS (aproximadamente 26 a 28% del salario base de cotización); aportaciones al INFONAVIT (5% del salario base); vacaciones y prima vacacional LFT; aguinaldo equivalente a 15 días de salario mínimo por año; PTU anual; uniformes y equipo de protección; y la utilidad y administración de la empresa de vigilancia. Dado que los incrementos del salario mínimo general de la CONASAMI han sido significativos en los últimos años (por encima del 20% anual en algunos ejercicios), los contratos de vigilancia deben incluir un mecanismo de ajuste anual automático vinculado a los incrementos CONASAMI para evitar renegociaciones constantes.

La responsabilidad civil de la empresa de vigilancia por actos u omisiones de sus guardias de seguridad se rige por los arts. 1910 y 1924 del Código Civil Federal (CCF), que establecen la responsabilidad del patrón por los daños causados por sus empleados en el ejercicio de sus funciones. Bajo el art. 1924 CCF, los patrones son objetivamente responsables por los actos ilícitos de sus trabajadores siempre que éstos actúen en el desempeño de su trabajo. La LFSP art. 50 establece que las empresas de seguridad privada responden por los daños que causen sus elementos de seguridad en el ejercicio del servicio. El contrato de vigilancia suele incluir un tope de responsabilidad contractual por incidente de negligencia (culpa), pero este tope no aplica para casos de dolo (conducta intencional) o culpa grave conforme al art. 2106 CCF. En los casos en que el guardia cometa un delito (robo, lesiones, homicidio culposo), la empresa puede además incurrir en responsabilidad penal corporativa bajo el Código Penal Federal y la responsabilidad subsidiaria del IMSS de acuerdo con el art. 77-C de la Ley del Seguro Social por accidentes de trabajo del guardia. La empresa de vigilancia debe mantener un seguro de responsabilidad civil con cobertura mínima acordada en el contrato.

No. Los guardias de seguridad en México son invariablemente trabajadores subordinados bajo la Ley Federal del Trabajo, no prestadores de servicios independientes. El art. 8 LFT define al trabajador como la persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado a cambio de un salario, y la subordinación es precisamente la característica central de la relación entre el guardia y la empresa de seguridad. Cualquier intento de contratar a un guardia como persona física con actividad empresarial (honorarios) para evadir las obligaciones de seguridad social del IMSS e INFONAVIT constituye simulación de contrato (art. 21 CFF) y puede ser recaracterizado por el SAT y el IMSS como relación laboral con el consecuente pago de cuotas obrero-patronales omitidas más actualizaciones, recargos (1.13% mensual, art. 21 CFF) y multas. La empresa que contrata guardias por honorarios también incumple la LFSP, que exige que el personal de seguridad sea empleado de la empresa con licencia SEGOB, lo que pone en riesgo la propia licencia de operación de la empresa. Los Tribunales Laborales (Reforma Laboral 2019) resuelven las controversias en materia de relaciones de trabajo en la industria de seguridad privada.

La terminación de un contrato de servicios de vigilancia en México se rige por las cláusulas contractuales pactadas y los principios del Código Civil Federal. Los contratos de vigilancia suelen incluir: terminación ordinaria mediante aviso escrito con 30 a 60 días naturales de anticipación por cualquiera de las partes sin expresión de causa; terminación extraordinaria por causa justificada con responsabilidad para la parte incumplidora, incluyendo pérdida de la licencia SEGOB, registro REPSE vencido, incumplimiento grave de obligaciones laborales IMSS, incumplimiento sistemático de SLA o accidente grave de uno de los guardias asignado al servicio. Cuando el cliente rescinde el contrato por causa imputable a la empresa de seguridad, puede reclamar daños y perjuicios bajo el art. 1949 CCF. Al término del contrato, la empresa de seguridad debe retirar a su personal y entregar al cliente todos los materiales, credenciales y uniformes del cliente en posesión de los guardias. Si el servicio se presta en una instalación donde los propios guardias pueden ser considerados como trabajadores del cliente para efectos del IMSS (solidaridad empresarial), el cliente debe gestionar adecuadamente la transición para evitar contingencias laborales con el IMSS.