Solicitud de Autorización de Residencia por Arraigo Laboral (España)

Conforme al artículo 124.1 del Real Decreto 557/2011 (RLOEX), el solicitante de arraigo laboral en España debe acreditar relaciones laborales documentadas con uno o varios empleadores en España por una duración total acumulada de al menos seis meses. Las relaciones laborales deben acreditarse mediante sentencia firme del Juzgado de lo Social que reconozca la relación laboral, mediante acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) que documente el empleo no declarado, o mediante demanda laboral admitida a trámite por el Juzgado de lo Social. Los periodos inferiores a seis meses con empleadores distintos pueden acumularse entre varios empleadores para alcanzar el umbral de seis meses, siempre que cada relación laboral esté documentada por separado mediante los instrumentos jurídicos exigidos. El Juzgado de lo Social dicta sentencias reconociendo la relación laboral conforme a la Ley 36/2011 (LRJS), tras la preceptiva fase de conciliación ante el SMAC. El acta de infracción de la ITSS es habitualmente la vía más rápida, ya que la emite la inspección durante las visitas a los centros de trabajo sin necesidad de procedimiento judicial prolongado.

El arraigo laboral y el arraigo social son ambas vías de regularización del artículo 124 del Real Decreto 557/2011 (RLOEX) para extranjeros en situación irregular en España, pero tienen requisitos de acceso y bases probatorias distintas. El arraigo laboral (artículo 124.1 RLOEX) exige un mínimo de dos años de permanencia continua más relaciones laborales no declaradas documentadas por al menos seis meses en total, acreditadas mediante sentencia firme del Juzgado de lo Social o acta de infracción de la ITSS: es la vía específica para quienes han contribuido al mercado laboral español sin autorización legal. El arraigo social (artículo 124.2 RLOEX) exige un mínimo de tres años de permanencia continua más un informe de arraigo favorable del Ayuntamiento o de los servicios sociales autonómicos, y en el momento de la solicitud, bien un contrato de trabajo firmado de al menos un año, bien medios económicos suficientes. El arraigo social no exige documentar relaciones laborales: se centra en la integración social y los vínculos comunitarios, no en el historial laboral. El arraigo laboral es por tanto la vía más rápida para quienes llevan dos o más años de presencia y disponen de documentación laboral, mientras que el arraigo social es la vía principal para quienes llevan tres o más años con vínculos comunitarios sólidos pero no pueden documentar empleo no declarado.

Acreditar dos años de permanencia continua en España para la solicitud de arraigo laboral conforme al artículo 124.1 del RLOEX requiere una combinación de documentos oficiales que establezcan una presencia ininterrumpida durante el periodo de referencia. El documento primario y más importante es el certificado de empadronamiento histórico emitido por el Ayuntamiento, que acredita la inscripción en uno o varios domicilios españoles durante al menos dos años continuos. Una laguna en el empadronamiento no rompe automáticamente la continuidad si se complementa con otra prueba. La prueba complementaria incluye: registros de citas médicas en centros de salud u hospitales del SNS que documenten el uso de la sanidad pública durante el periodo; certificados de escolarización de hijos en colegios españoles dependientes de la Consejería de Educación autonómica; extractos bancarios de entidades españolas con operaciones en un domicilio español; contratos de suministros (electricidad, gas, agua) a nombre del solicitante o del domicilio; correspondencia de la AEAT, la TGSS, juzgados u organismos autonómicos dirigida al solicitante en un domicilio español; y cualquier documentación de visado o permiso español anterior que acredite las fechas de entrada. La Oficina de Extranjería valora la totalidad de la prueba al aplicar el artículo 124.1 del RLOEX: una combinación sólida de empadronamiento histórico y múltiples documentos complementarios refuerza considerablemente la solicitud.

Sí. Conforme al artículo 124.1 del Real Decreto 557/2011 (RLOEX) y a la práctica administrativa de las Oficinas de Extranjería, el acta de infracción emitida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) que documente el empleo no declarado es sustituto pleno y suficiente de la sentencia firme del Juzgado de lo Social en la solicitud de arraigo laboral. El acta de infracción de la ITSS es con frecuencia la vía probatoria más rápida y práctica para el arraigo laboral, ya que la emite el inspector de trabajo durante o tras la visita al centro de trabajo, sin necesidad de procedimiento judicial ante el Juzgado de lo Social. La ITSS realiza actuaciones de comprobación en centros de trabajo de todo el territorio —obras de construcción, explotaciones agrícolas, establecimientos de hostelería y servicio doméstico— para detectar trabajadores en situación irregular. Cuando el inspector detecta una relación laboral no declarada, emite un acta de infracción al empleador especificando la identidad de la persona trabajadora, el periodo de empleo no declarado y las infracciones legales aplicables conforme a la LISOS (RDL 5/2000). El empleador queda obligado a ingresar las cuotas de Seguridad Social correspondientes al periodo no declarado en la TGSS. La persona trabajadora recibe copia del acta que documenta su empleo, que se presenta junto con la solicitud de arraigo laboral ante la Oficina de Extranjería como prueba de la relación laboral.

Una solicitud de arraigo laboral estimada conforme al artículo 124.1 del Real Decreto 557/2011 (RLOEX) da lugar a la concesión de una autorización inicial de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales de un año de duración, que confiere plenos derechos laborales en todos los sectores y actividades de España sin restricción de empleador ni de ámbito geográfico. El titular debe darse de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) antes de comenzar a trabajar, y el empleador debe cumplir todas las obligaciones del ET (RDL 2/2015), incluidas la formalización del contrato por escrito, el ingreso de las cuotas a la Seguridad Social y la comunicación del contrato al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a través del sistema Contrat@. La autorización de arraigo laboral es renovable conforme al artículo 197 del RLOEX antes de su vencimiento: la primera renovación por dos años exige mantener el empleo o la actividad autónoma y carecer de antecedentes penales; las renovaciones sucesivas por periodos de dos años permiten acumular los cinco años de residencia legal continuada exigidos para la residencia de larga duración del artículo 148 del RLOEX. Tras cinco años de residencia legal, el titular puede solicitar la residencia de larga duración. Tras diez años de residencia legal y acreditando el conocimiento del idioma y la integración, puede solicitar la nacionalidad española conforme al artículo 22 del Código Civil. La Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno tramita todas las renovaciones y cambios de situación.

Durante el periodo de tramitación de la solicitud de arraigo laboral, la situación jurídica del solicitante en España sigue siendo irregular hasta que la Oficina de Extranjería emita la resolución que concede la autorización. La Ley Orgánica 4/2000 (LOEx) no reconoce un derecho general a trabajar durante la pendencia de una solicitud de regularización, por lo que el solicitante no puede trabajar legalmente como asalariado ni como autónomo hasta que se conceda la autorización. Sin embargo, la propia solicitud de arraigo laboral —una vez admitida formalmente a trámite por la Oficina de Extranjería— otorga cierta estabilidad administrativa: el solicitante recibe habitualmente un resguardo de presentación que acredita la solicitud pendiente, al que algunos organismos y empleadores conceden valor como confirmación de un proceso de regularización en curso. Quienes sean despedidos durante la tramitación por su situación irregular pueden reclamar despido improcedente ante el Juzgado de lo Social conforme al artículo 55 del ET, pues el Tribunal Supremo ha confirmado que los contratos de trabajo con inmigrantes irregulares no son nulos sino que están sujetos a la protección especial del Derecho Laboral. La ITSS tiene competencia para regularizar retroactivamente las altas en la Seguridad Social de los periodos de empleo no declarado documentados durante las inspecciones.

El Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) —denominado Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) en algunas comunidades autónomas— desempeña un papel procedimental importante en las reclamaciones laborales que fundamentan muchas solicitudes de arraigo laboral en España. Conforme al artículo 63 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011, LRJS), la presentación de una papeleta de conciliación ante el SMAC es requisito previo preceptivo antes de interponer demanda laboral ante el Juzgado de lo Social. Cuando una persona trabajadora —con o sin documentación— busca el reconocimiento judicial de una relación laboral no declarada a efectos del arraigo laboral, el proceso comienza en el SMAC. La persona trabajadora presenta una papeleta de conciliación contra el empleador, identificando el periodo de trabajo, la naturaleza del empleo y los salarios. Si el empleador comparece y reconoce la relación laboral (avenencia), el SMAC emite un acta de conciliación que tiene valor de acuerdo vinculante con fuerza ejecutiva conforme al artículo 68 de la LRJS: este documento puede presentarse ante la Oficina de Extranjería como prueba de la relación laboral a efectos del arraigo laboral. Si el empleador no comparece o rechaza el acuerdo, el SMAC emite un acta de intento sin efecto que habilita a la persona trabajadora para interponer demanda ante el Juzgado de lo Social. Tanto el acta de conciliación del SMAC como la posterior sentencia firme son prueba válida de la relación laboral a efectos del artículo 124.1 del RLOEX.