Acuerdo de Segunda Oportunidad (Ley de Segunda Oportunidad)

El Acuerdo de Segunda Oportunidad es, en España, el contrato escrito regulado por Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, art. 1; Ley Concursal (RDL 1/2020), Libro III, que fija por escrito los derechos y obligaciones recíprocos de las partes y resulta exigible ante los tribunales civiles. Se rige por Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, art. 1. La ley de segunda oportunidad en España está diseñada para personas físicas — tanto consumidores individuales como autónomos (trabajadores por cuenta propia registrados en el RETA) — que se encuentran en situación de insolvencia genuina e incapaces de pagar sus deudas pero que actuaron de buena fe (buena fe) y no contrajeron deudas mediante fraude o negligencia grave. El objetivo final del proceso es el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) — la exoneración de deudas impagables, otorgando al deudor un nuevo inicio financiero — ampliado significativamente por la reforma de la Ley 16/2022 para cubrir más categorías de deuda, incluidas las deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y las deudas de derecho público con la Agencia Tributaria (AEAT) bajo determinadas condiciones y planes de pago mínimos conforme a los artículos 486–502 TRLC. El proceso de segunda oportunidad en España se desarrolla en tres fases principales. La Fase 1 es el Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP): el deudor nombra a un mediador concursal registrado en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia conforme al Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, y el mediador convoca a los acreedores e intenta negociar un plan de reestructuración o de pagos en el plazo de dos meses prorrogable a tres meses. La Fase 2: si el AEP fracasa porque los acreedores no alcanzan la mayoría necesaria o rechazan el plan propuesto, el mediador solicita la apertura del concurso consecutivo ante el Juzgado de lo Mercantil competente conforme al artículo 695 TRLC. La Fase 3: el Juzgado de lo Mercantil evalúa si el deudor cumple los requisitos de buena fe del artículo 487 TRLC y concede el BEPI, exonerando las deudas que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 489–502 TRLC. La reforma de la Ley 16/2022 introdujo el BEPI inmediato (exoneración inmediata) — disponible para deudores sin activos y sin perspectivas realistas de mejorar su situación económica — que permite la exoneración de deudas sin un plan de pagos previo de 3 a 5 años en casos de auténtica indigencia patrimonial. La Ley 16/2022 también amplió la moratoria de ejecuciones individuales (paralización de ejecuciones) del artículo 696 TRLC desde el nombramiento del mediador concursal, protegiéndose los bienes del deudor frente a embargos de múltiples acreedores durante la tramitación del AEP. Las deudas que no pueden exonerarse en ningún caso conforme al artículo 489 TRLC incluyen las obligaciones de alimentos (alimentos), las indemnizaciones derivadas de responsabilidad penal y, en parte, los créditos hipotecarios cuando no se entrega el bien hipotecado. Para los deudores autónomos, el Juzgado de lo Mercantil — parte del sistema de tribunales civiles especializados creados por la Ley Orgánica 8/2003 — es competente tanto para el AEP como para el concurso consecutivo, con recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y, en su caso, recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Un Acuerdo de Segunda Oportunidad en España es necesario siempre que una persona física — consumidor o autónomo — se encuentre en situación de insolvencia genuina y desee acceder al proceso de la ley de segunda oportunidad para reestructurar sus deudas u obtener la exoneración BEPI mediante el Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) regulado en los artículos 685–720 del TRLC (RDL 1/2020) y la Ley 16/2022.

El acuerdo es necesario cuando un autónomo cuyo negocio ha fracasado ha acumulado deudas impagables con proveedores, bancos, la Agencia Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y desea acceder al proceso de segunda oportunidad para reestructurar estas deudas o conseguir la exoneración BEPI, evitando el más complejo y costoso concurso de acreedores colectivo de la Ley Concursal.

Se necesita un Acuerdo de Segunda Oportunidad cuando un consumidor ha acumulado deudas personales insostenibles — tarjetas de crédito, préstamos personales (préstamos personales), descubiertos en cuenta y atrasos hipotecarios — y no puede atender los pagos mensuales pese a actuar de buena fe conforme al artículo 487 TRLC. La fase AEP intenta negociar un plan de pagos o una quita (reducción del principal) con los acreedores antes de que se inicien los procedimientos judiciales ante el Juzgado de lo Mercantil.

El acuerdo es necesario cuando una persona física se enfrenta simultáneamente a procedimientos de ejecución — embargos en cuentas bancarias y sobre salarios por parte de múltiples acreedores — y necesita la moratoria de ejecuciones individuales (paralización de ejecuciones) del artículo 696 TRLC que se activa desde el nombramiento del mediador concursal registrado en el Ministerio de Justicia conforme al Real Decreto 980/2013.

El documento es necesario cuando un deudor hipotecario con atrasos en el pago de la hipoteca tiene a la entidad bancaria como acreedor principal — el AEP proporciona un marco estructurado para negociar la reestructuración hipotecaria junto con otras deudas, complementando potencialmente el Código de Buenas Prácticas Bancarias (Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo) para deudores hipotecarios en dificultades y la Ley 12/2023 de medidas urgentes en materia de vivienda.

También es necesario cuando el deudor ha agotado las vías informales de negociación con sus acreedores — bancos supervisados por el Banco de España, la AEAT a través de la Delegación de Hacienda mediante aplazamiento y fraccionamiento tributario, y la TGSS a través de la Recaudación Ejecutiva — y requiere el marco jurídico formal del AEP para obtener la paralización de los embargos y acceder a la exoneración BEPI. La Ley 16/2022 amplió el BEPI para cubrir parcialmente deudas con la AEAT y la TGSS, haciendo el proceso más accesible para autónomos con deudas públicas acumuladas durante la pandemia de COVID-19 o crisis de negocio. Los Juzgados de lo Mercantil, creados por la Ley Orgánica 8/2003, son competentes para tramitar el concurso consecutivo y resolver sobre el BEPI.

Un Acuerdo de Segunda Oportunidad válido en España (Acuerdo Extrajudicial de Pagos — AEP) conforme al TRLC (RDL 1/2020) y la Ley 16/2022 debe contener los siguientes elementos esenciales para cumplir los requisitos legales del mediador concursal, los acreedores y el Juzgado de lo Mercantil.

Identificación del Deudor: Nombre completo, DNI/NIE y domicilio del deudor persona física. Para un autónomo dado de alta en el RETA, debe incluirse el código de actividad del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y el NIF asignado por la AEAT. El número de Afiliación a la Seguridad Social (NSS) del deudor es necesario para la verificación de la deuda con la TGSS.

Declaración de Insolvencia: Declaración formal de que el deudor se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente conforme al artículo 2 TRLC — incapaz de atender sus obligaciones corrientes a su vencimiento, o previsiblemente incapaz de hacerlo en un plazo de tres meses. El deudor debe confirmar que no ha sido declarado insolvente en los últimos 5 años (o 10 años en caso de insolvencia fraudulenta conforme al artículo 443 TRLC) y que no ha accedido previamente al proceso de segunda oportunidad en el plazo legalmente exigido.

Lista Completa de Acreedores: Lista completa y exacta de todos los acreedores (lista de acreedores), con nombres, domicilios, NIF/DNI y el importe exacto adeudado a cada uno — incluidos principal, intereses devengados y penalizaciones. La lista debe distinguir entre acreedores ordinarios; acreedores con privilegio especial (acreedores hipotecarios, pignoraticios); y acreedores de derecho público (AEAT y TGSS). Omitir acreedores puede constituir concurso fraudulento conforme al artículo 443 TRLC y acarrear la revocación del BEPI conforme al artículo 502 TRLC.

Declaración Completa de Activos: Declaración de los bienes y derechos del deudor — inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad, cuentas bancarias, vehículos matriculados en la DGT, activos empresariales y cualquier otro bien de valor. Deben identificarse los bienes inembargables conforme al artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), como la vivienda habitual hasta el límite del artículo 606 LEC.

Plan de Pagos Propuesto: La propuesta de reestructuración AEP a los acreedores — opciones posibles: pago íntegro con aplazamiento hasta 5 años; pago parcial con quita del principal (reducción del importe); dación en pago (entrega de bienes en pago de deudas); o una combinación de estas modalidades. El plan debe ser viable económicamente y cumplir el test del interés superior de los acreedores (interés superior de los acreedores) del artículo 689 TRLC.

Nombramiento del Mediador Concursal: Nombre, número de inscripción en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia conforme al Real Decreto 980/2013, y domicilio profesional del mediador concursal nombrado conforme al artículo 688 TRLC. Para pequeños deudores, el Notario o la Cámara de Comercio pueden ejercer las funciones del mediador conforme al artículo 685 TRLC.

Declaración de Buena Fe: Declaración formal del deudor de su actuación de buena fe conforme al artículo 487 TRLC — sin condenas por delitos económicos (delitos económicos), sin contracción fraudulenta de deudas, con información completa y veraz proporcionada, y sin ocultación de activos. La buena fe es requisito imprescindible para la concesión del BEPI por el Juzgado de lo Mercantil.

Solicitud de Moratoria: Solicitud expresa de la paralización de ejecuciones individuales del artículo 696 TRLC, que protege los bienes del deudor frente a embargos de acreedores durante la tramitación del AEP.

FormsLegal.com proporciona este modelo de Acuerdo de Segunda Oportunidad España como documento educativo y de planificación. El proceso AEP real requiere el nombramiento de un mediador concursal registrado y, en la mayoría de los casos, representación legal por un abogado especializado en derecho concursal (derecho concursal) ante el Juzgado de lo Mercantil, con recurso ante la Audiencia Provincial. La plataforma forms-legal.com ofrece esta plantilla adaptada a la legislación española vigente conforme al TRLC reformado por la Ley 16/2022.