Acuerdo de Refinanciación Homologado España

El Acuerdo de Refinanciación Homologado es, en España, el contrato escrito regulado por Ley 22/2003 Concursal (art. 71 bis), reformado por Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, que fija por escrito los derechos y obligaciones recíprocos de las partes y resulta exigible ante los tribunales civiles.

La reforma de la Ley Concursal introducida por la Ley 16/2022 creó un sistema escalonado de herramientas preconcursales. El plan de reestructuración homologado ocupa la cúspide de este sistema: más potente que un acuerdo de refinanciación sin homologar, pero menos perturbador que un concurso de acreedores formal. El Juzgado de lo Mercantil —en particular los juzgados mercantiles especializados de Madrid (Juzgados de lo Mercantil nº 1 al 17), Barcelona y Valencia— tiene jurisdicción exclusiva sobre los procedimientos de homologación conforme a la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.

La Directiva de Reestructuración de la UE (Directiva 2019/1023/UE), transpuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley 16/2022, introdujo elementos clave: (1) la posibilidad de afectar a acreedores que no han prestado su consentimiento (disidentes) mediante votación por clases con mayorías cualificadas; (2) la prueba del interés superior de los acreedores —los acreedores disidentes en un plan homologado no pueden recibir menos de lo que recibirían en un escenario de liquidación—; (3) el tratamiento equitativo y justo obligatorio entre las clases de acreedores; y (4) la protección de la financiación nueva (financiación interina y financiación nueva) frente a la rescisión en un concurso posterior conforme al Artículo 605 de la Ley Concursal.

El plan homologado ofrece el máximo nivel de protección frente a la rescisión en el derecho español. Conforme al Artículo 604 de la Ley Concursal, un plan homologado que cumpla los requisitos formales no puede ser rescindido por ser perjudicial para la masa activa en ningún concurso de acreedores declarado dentro de los 2 años siguientes. La financiación nueva aportada como parte del plan homologado recibe una protección adicional en virtud del Artículo 605 LC: los prestamistas que aportan nueva financiación (new money lenders) obtienen la clasificación de crédito contra la masa en un concurso posterior, lo que incentiva las inyecciones de liquidez.

El Banco de España (supervisor bancario nacional) y el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del Banco Central Europeo —conforme al Reglamento (UE) nº 1024/2013— son supervisores relevantes para las entidades de crédito que participan en planes homologados. La Circular 4/2016 del Banco de España sobre clasificación del riesgo de crédito exige a los bancos evaluar si las exposiciones reestructuradas se califican como refinanciaciones en vigilancia especial o como activos dudosos, lo que afecta a las provisiones y a los requisitos de capital conforme al CRR (Reglamento UE 575/2013).

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), conforme a la Ley 6/2023 del Mercado de Valores, supervisa los planes homologados que afectan a sociedades cotizadas. Las conversiones de deuda en capital en el marco de un plan homologado pueden superar los umbrales de OPA (oferta pública de adquisición) previstos en el Real Decreto 1066/2007, pudiendo la CNMV conceder exenciones (dispensas) cuando la conversión constituya una medida genuina de reestructuración conforme al Artículo 8 del Real Decreto 1066/2007.

Un Acuerdo de Refinanciación Homologado en España es necesario cuando una empresa deudora requiere la autoridad judicial del Juzgado de lo Mercantil para imponer condiciones de reestructuración a acreedores que no prestan su consentimiento, facultad que distingue el plan homologado de un mero acuerdo de refinanciación consensual en el marco de la Ley 16/2022.

El documento es necesario cuando acreedores significativos —habitualmente titulares de bonos minoritarios, fondos de inversión libre o acreedores comerciales— se niegan a participar en una reestructuración consensual pero tienen créditos suficientes para bloquear la conclusión del plan si se requiriese su consentimiento. El plan homologado permite que el voto mayoritario de los acreedores imponga las condiciones a los disidentes dentro de la misma clase mediante la extensión de efectos (cramdown) conforme a los artículos 616 a 624 de la Ley Concursal.

El Acuerdo de Refinanciación Homologado es necesario cuando el deudor precisa la paralización de ejecuciones del Juzgado de lo Mercantil para suspender la ejecución por parte de acreedores con garantía real durante las negociaciones, moratoria disponible conforme al Artículo 585 LC prorrogada por la solicitud de homologación. Los acreedores garantizados pueden de otro modo continuar la ejecución con independencia de una moratoria no homologada.

El documento es necesario cuando la reestructuración implica una capitalización de deuda (conversión de deuda en capital) que requiere la supervisión del Juzgado, en particular cuando la participación resultante supera los umbrales de OPA que exigen una dispensa de la CNMV conforme al Real Decreto 1066/2007, o cuando el aumento de capital debe ser aprobado por la junta general de accionistas conforme a los artículos 301 a 316 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

El Acuerdo de Refinanciación Homologado es necesario cuando el deudor necesita la máxima protección frente a la rescisión para la nueva financiación: el Artículo 605 de la Ley Concursal otorga la clasificación de crédito contra la masa a la nueva financiación aportada como parte de un plan homologado en cualquier concurso posterior, facilitando la atracción de nueva liquidez de prestamistas reticentes.

El documento es necesario cuando un grupo de empresas complejo acomete una reestructuración multiempresa coordinada: la Ley 16/2022 permite planes de reestructuración consolidados que abarquen múltiples entidades del grupo ante un único Juzgado de lo Mercantil designado como tribunal competente para todo el grupo, evitando procedimientos fragmentados en distintas circunscripciones judiciales.

El Acuerdo de Refinanciación Homologado es necesario cuando la situación de dificultad financiera del deudor es tan grave que un concurso de acreedores inminente es probable si no se lleva a cabo la reestructuración: el plan homologado proporciona el marco supervisado judicialmente que da confianza a los acreedores y evita el efecto dominó de ejecuciones que precede habitualmente a las declaraciones de concurso.

Conforme a la Ley Cambiaria y del Cheque (Ley 19/1985), los pagarés y letras de cambio se rigen en España por dicha ley. El Banco de España supervisa la banca conforme a la Ley 10/2014. La CNMV regula los mercados de valores. La AEAT administra el IVA (Ley 37/1992) y el IRPF (Ley 35/2006). La Ley 3/2004 regula la morosidad en las operaciones comerciales.

Un Acuerdo de Refinanciación Homologado válido en España, conforme a los artículos 616 a 641 de la Ley Concursal (reforma de la Ley 16/2022), debe contener los siguientes elementos esenciales para su homologación por el Juzgado de lo Mercantil.

Identificación del Deudor y Umbral de Insolvencia: Identificación completa de la empresa deudora y declaración de que se cumple el umbral preconcursal del Artículo 584 de la Ley Concursal: el deudor debe encontrarse en estado de insolvencia inminente (previsible en los próximos 3 meses) o insolvencia actual (incapacidad actual para cumplir sus obligaciones). El Juzgado de lo Mercantil verificará este umbral antes de admitir la solicitud de homologación.

Clasificación de Acreedores: Una categorización completa y precisa de los acreedores en clases (clases de acreedores) conforme a los artículos 623 a 627 de la Ley Concursal: como mínimo, acreedores con garantía real (por tipo de activo) y acreedores ordinarios. Los acreedores públicos (AEAT, TGSS) forman una clase separada y están sujetos a limitaciones especiales en virtud de la Ley General Tributaria y la Ley General de la Seguridad Social. La clasificación correcta es fundamental, pues una clasificación errónea es motivo principal de impugnación por los acreedores disidentes.

Condiciones del Plan de Reestructuración: Las medidas financieras de reestructuración propuestas: ampliaciones de plazo, reducciones del tipo de interés, quitas sobre el principal, capitalizaciones de deuda y nuevas aportaciones de liquidez. El plan debe incluir un plan de viabilidad que demuestre la sostenibilidad financiera del deudor reestructurado como empresa en funcionamiento. El Juzgado evaluará el plan de viabilidad con el apoyo del análisis del experto independiente.

Resultados de la Votación por Clases: Documentación acreditativa de la votación de los acreedores por clase: la homologación exige la aprobación de al menos el 60 % del pasivo financiero total y mayorías cualificadas por clase (75 % para acreedores con garantía real plena, 60 % para acreedores con garantía parcial y acreedores ordinarios). La votación puede llevarse a cabo de forma ad hoc o mediante la junta de acreedores supervisada por el Juzgado. El experto independiente designado por el Registro Mercantil certifica los porcentajes de votación.

Prueba del Interés Superior de los Acreedores: Análisis comparativo que demuestre que ningún acreedor disidente recibirá bajo el plan menos de lo que recibiría en una liquidación hipotética del deudor, conforme al Artículo 638 de la Ley Concursal. Este análisis es elaborado habitualmente por un banco de inversión, un asesor de reestructuraciones o el propio experto independiente. El Juzgado aplica esta prueba para evaluar las solicitudes de homologación impugnadas por acreedores disidentes.

Protección de la Nueva Financiación: Identificación de cualquier financiación interina o nueva financiación aportada como parte del plan y la protección solicitada conforme al Artículo 605 de la Ley Concursal: en particular, la clasificación como crédito contra la masa en cualquier concurso posterior y la protección frente a la rescisión de los desembolsos de nueva financiación realizados en apoyo del plan.

Procedimiento de Impugnación: Referencia al plazo de impugnación de 15 días del que disponen los acreedores disidentes conforme al Artículo 640 de la Ley Concursal tras la resolución de homologación del Juzgado de lo Mercantil. Los acreedores disidentes pueden impugnar por motivos como: clasificación incorrecta de acreedores, incumplimiento de la prueba del interés superior o vulneración de la regla de prioridad absoluta —que protege a los acreedores garantizados frente a recibir menos que los acreedores ordinarios—. El Juzgado resuelve las impugnaciones en una vista expedita.

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