Acuerdo de Refinanciación España

El Acuerdo de Refinanciación es, en España, el contrato escrito regulado por Ley 22/2003 Concursal (art. 71 bis), reformado por Ley 16/2022 de reforma concursal, que fija por escrito los derechos y obligaciones recíprocos de las partes y resulta exigible ante los tribunales civiles.

La Ley 16/2022 reformó de forma sustancial el panorama de las reestructuraciones en España al introducir el marco de reestructuración preventiva, codificado en la nueva Ley Concursal (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, en su versión modificada). El marco establece procedimientos claros para las negociaciones preconcursales, prevé moratorias para impedir las ejecuciones individuales de acreedores durante las negociaciones y crea un mecanismo de extensión de efectos vinculante que permite imponer a los acreedores disidentes un plan de reestructuración aprobado por la mayoría requerida de acreedores conforme al Artículo 616 de la Ley Concursal (nueva redacción).

La base jurídica para proteger los acuerdos de refinanciación frente a la rescisión concursal en España es fundamental. Conforme a la Ley Concursal, las operaciones realizadas dentro de los 2 años anteriores a la declaración del concurso de acreedores pueden ser objeto de rescisión si fueron perjudiciales para la masa. Sin embargo, los acuerdos de refinanciación que cumplen los requisitos del antiguo Artículo 71 bis de la Ley Concursal —ahora incorporados en el Artículo 604 y siguientes de la Ley Concursal (texto refundido 2020, modificado por la Ley 16/2022)— quedan protegidos frente a la rescisión si satisfacen los requisitos sustantivos y formales establecidos, incluida la certificación por un experto independiente designado por el Registro Mercantil.

El Banco de España ejerce la supervisión prudencial sobre las entidades de crédito españolas que participan en acuerdos de refinanciación conforme a la Ley 10/2014 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito. Las entidades de crédito deben seguir las directrices de la ABE (Autoridad Bancaria Europea) sobre originación y seguimiento de préstamos, y la Circular del Banco de España sobre clasificación del riesgo de crédito (Circular 4/2016) puede exigir la reclasificación de los préstamos refinanciados como refinanciaciones en vigilancia especial, lo que afecta a las provisiones del banco conforme a las normas de riesgo de crédito del Banco de España.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), conforme a la Ley 6/2023 del Mercado de Valores, tiene competencia sobre los acuerdos de refinanciación que afectan a sociedades cotizadas: cualquier refinanciación material puede constituir un hecho relevante (información privilegiada) que exija comunicación inmediata a la CNMV. Las conversiones de deuda en capital en sociedades anónimas cotizadas también superan los umbrales de OPA previstos en el Real Decreto 1066/2007 si el capital convertido otorga al acreedor el control de más del 30 % de los derechos de voto.

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), creado por la Ley 11/2015, son actores institucionales relevantes cuando el acreedor es un banco en resolución: las facultades del FROB conforme a la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria (BRRD, Directiva 2014/59/UE) pueden afectar a la ejecutabilidad de las condiciones de refinanciación en escenarios de resolución.

Un Acuerdo de Refinanciación en España es necesario siempre que una empresa española en dificultad financiera (situación de insolvencia inminente o actual) desee reestructurar sus obligaciones de deuda con los acreedores al margen del concurso de acreedores formal conforme a la Ley Concursal.

El documento es necesario cuando una empresa no puede atender su deuda existente en las condiciones pactadas —por problemas temporales de liquidez, pérdidas operativas o perturbaciones económicas externas— pero considera que es viable como empresa en funcionamiento si se modifican las condiciones de la deuda. El marco de la Ley 16/2022 permite una moratoria individual de hasta 3 meses para impedir las ejecuciones individuales de los acreedores durante las negociaciones, prorrogable hasta 6 meses si el plan de reestructuración está suficientemente avanzado.

El Acuerdo de Refinanciación es necesario cuando una empresa se encuentra en situación de insolvencia inminente conforme al Artículo 584 de la Ley Concursal (nueva redacción) —es decir, cuando la insolvencia es previsible en los próximos 3 meses— y desea utilizar el mecanismo de comunicación preconcursal (comunicación al juzgado) del Artículo 583 para suspender las ejecuciones mientras negocia con los acreedores.

El documento es necesario cuando un acreedor financiero (banco, entidad de crédito o titular de bonos) exige al deudor que aporte garantías adicionales o que acepte nuevos paquetes de covenants como condición para la ampliación del plazo de la deuda. El derecho español permite la constitución de nuevas garantías reales como parte de un acuerdo de refinanciación sin que dichas garantías queden sujetas a la rescisión concursal, siempre que el acuerdo satisfaga los requisitos de protección frente a la rescisión de la Ley Concursal.

El Acuerdo de Refinanciación es necesario cuando una empresa lleva a cabo una operación de sale and leaseback como parte de una reestructuración de deuda más amplia: el producto de la venta del activo se utiliza para amortizar deuda senior, mientras la empresa continúa utilizando el activo bajo un contrato de arrendamiento financiero (leasing) regulado por la Ley 16/2012 de Medidas Tributarias.

El documento es necesario cuando un grupo internacional de empresas refinancia la deuda de sus filiales españolas: las refinanciaciones transfronterizas deben tener en cuenta los requisitos del derecho español conforme a la Ley Concursal, así como la ley aplicable al contrato de financiación (habitualmente el derecho inglés para los préstamos sindicados conforme a la documentación de la Loan Market Association — LMA).

El Acuerdo de Refinanciación es también necesario cuando un fondo de capital riesgo regulado por la Ley 22/2014 de Entidades de Capital Riesgo refinancia una línea de adquisición apalancada (LBO), escenario habitual en el mercado medio español, donde los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, Barcelona y Valencia son los principales tribunales que conocen de las reestructuraciones contenciosas.

Conforme a la Ley Cambiaria y del Cheque (Ley 19/1985), los pagarés y letras de cambio se rigen en España por dicha ley. El Banco de España supervisa la banca conforme a la Ley 10/2014. La CNMV regula los mercados de valores. La AEAT administra el IVA (Ley 37/1992) y el IRPF (Ley 35/2006). La Ley 3/2004 regula la morosidad en las operaciones comerciales.

Un Acuerdo de Refinanciación válido en España conforme a la Ley Concursal (reforma de la Ley 16/2022) debe contener los siguientes elementos esenciales para ser eficaz y, en su caso, para acogerse a la protección frente a la rescisión y a la homologación judicial.

Partes y Expositivo: Identificación completa del deudor —denominación social, CIF, inscripción en el Registro Mercantil, domicilio social y representante legal— y de cada acreedor —nombre, tipo (entidad de crédito, fondo de inversión, bonista, etc.) y su exposición de deuda pendiente a la fecha del acuerdo—. Un expositivo de la situación financiera del deudor y del fundamento de la reestructuración es esencial para que el Juzgado de lo Mercantil valore los méritos del acuerdo en la homologación.

Descripción de la Deuda Existente: Relación completa de las líneas de crédito, bonos, pólizas de crédito y demás obligaciones financieras objeto de reestructuración, identificando para cada una: prestamista original, importe principal original, principal pendiente, intereses devengados y vencimiento actual. Esta relación constituye la base (pasivo financiero a reestructurar) del cálculo de la reestructuración.

Condiciones de la Reestructuración: Las modificaciones concretas acordadas, que pueden incluir: (a) ampliación del plazo de vencimiento; (b) reducción del tipo de interés o capitalización de intereses; (c) capitalización de deuda (conversión de deuda en acciones o participaciones); (d) quita sobre el principal; (e) período de carencia para el pago de intereses o principal; y (f) nuevas aportaciones de liquidez. Cada modificación debe estar cuantificada con precisión.

Umbrales de Adhesión de Acreedores: El acuerdo debe identificar el porcentaje de acreedores por deuda pendiente (pasivo financiero) que lo han suscrito: conforme a la Ley 16/2022, la protección frente a la rescisión requiere la adhesión de acreedores que representen al menos el 50 % del pasivo financiero para los acuerdos no homologados, o el 60 % para los planes homologados conforme al Artículo 604 de la Ley Concursal. Para la imposición de condiciones a los acreedores disidentes (cramdown), se aplican los umbrales de mayoría por clase (clase de acreedores) conforme a los artículos 612 a 624 de la Ley Concursal.

Certificación del Experto Independiente: Cuando se solicite la protección frente a la rescisión conforme a la Ley Concursal, el acuerdo debe ser certificado por un experto independiente designado por el Registro Mercantil, quien confirma que el acuerdo es viable, que los acreedores participantes representan al menos el porcentaje requerido del pasivo financiero y que el acuerdo es proporcionado y no indebidamente perjudicial para los acreedores no participantes. El Registro Mercantil mantiene una lista de expertos certificados.

Garantías: Detalle de cualquier garantía real nueva (hipoteca, prenda, pignoración) constituida como parte de la refinanciación, que queda protegida frente a la rescisión concursal conforme al Artículo 604 de la Ley Concursal si el acuerdo cumple los requisitos formales. Las garantías existentes pueden liberarse a cambio de una reducción de deuda (quita): esta negociación debe documentarse cuidadosamente y ser aprobada por todos los acreedores garantizados afectados.

Ley Aplicable, Resolución de Disputas y Jurisdicción: El derecho español (Ley Concursal, Código Civil, Código de Comercio) rige la validez sustantiva de las disposiciones de reestructuración que afectan a los acreedores españoles y al deudor español. Para las líneas sindicadas con acreedores internacionales, es habitual una cláusula de ley inglesa en el propio contrato de financiación, mientras que el acuerdo de reestructuración bajo derecho español cubre los elementos de derecho español. Las disputas se someten al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social del deudor.

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