Solicitud de Acceso a la Información Pública México (LGTAIP Arts. 1–3)

Conforme al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 1 y 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), ninguna persona está obligada a proporcionar una razón, justificación o explicación para solicitar información pública a un ente de gobierno mexicano. Este principio de no justificación (acceso sin justificación) es una de las características más fundamentales del marco de transparencia de México: significa que cualquier persona, sin importar su identidad, profesión, nacionalidad o propósito, puede solicitar cualquier información pública en posesión de un sujeto obligado sin explicar por qué la quiere. Un periodista que investiga corrupción, una empresa que realiza debida diligencia, un investigador académico o un ciudadano particular curioso tienen derechos idénticos a solicitar información pública conforme a los mismos procedimientos y plazos. El sujeto obligado no puede exigir que el solicitante acredite un interés jurídico, demuestre un daño o beneficio, ni proporcione credenciales profesionales como condición para procesar la solicitud. Las únicas excepciones prácticas a este principio son las solicitudes de acceso a datos personales en posesión de un ente de gobierno: acceder a tu propio expediente personal en el gobierno (derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación, oposición) conforme a la LGPDPPSO requiere la verificación de identidad, pero esto es distinto de solicitar información generalmente pública.

El INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) es el órgano constitucional autónomo de carácter federal de México responsable de: garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados federales; proteger los datos personales en posesión de las dependencias del gobierno federal; y coordinar la política nacional de transparencia con los organismos garantes estatales. El INAI fue creado mediante la reforma constitucional de 2014 y sustituyó al anterior IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública). Entre las facultades clave del INAI se encuentran: emitir resoluciones vinculatorias en los procedimientos de recurso de revisión, obligando a los sujetos obligados a divulgar información; imponer sanciones a los servidores públicos que violan la LGTAIP o la LFTAIP; emitir resoluciones de protección de datos contra las dependencias federales que manejan de forma indebida los datos personales; emitir criterios de interpretación que son obligatorios para los sujetos obligados federales; y remitir los casos de aparente obstrucción penal del derecho de transparencia a la Fiscalía General de la República. El INAI se integra por siete Comisionados designados por el Senado para períodos escalonados, con autonomía constitucional frente al poder ejecutivo federal, lo que garantiza su independencia respecto de las dependencias que supervisa. Las resoluciones del INAI solo pueden combatirse mediante revisión judicial (amparo directo) ante los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación.

Conforme a los artículos 132 a 135 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los entes de gobierno (sujetos obligados) tienen veinte días hábiles a partir de la fecha en que reciben una solicitud de transparencia completa a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) o en su Unidad de Transparencia para proporcionar una respuesta. La respuesta debe: entregar la información solicitada en el formato señalado; explicar que la información no existe; clasificar la información como reservada o confidencial mediante una resolución de clasificación formal que cite el fundamento legal; o requerir una aclaración al solicitante (prevención) si la solicitud no es clara, lo que suspende el plazo de veinte días. El sujeto obligado puede ampliar el plazo de respuesta por diez días hábiles adicionales (treinta días acumulados) si puede demostrar que el volumen o la complejidad de la información requiere más tiempo, pero debe notificar al solicitante la ampliación antes de que venza el plazo original de veinte días. No responder dentro del plazo aplicable constituye una afirmativa ficta: la información se tiene por pública y el solicitante puede interponer un recurso de revisión ante el INAI o el órgano garante estatal para obligar a su divulgación. En la práctica, el cumplimiento del plazo de veinte días varía de forma significativa según la institución y el tipo de información.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece dos categorías de información que los sujetos obligados pueden reservarse de la divulgación pública: la información reservada y la información confidencial. La información reservada conforme a los artículos 100 a 108 de la LGTAIP incluye: los asuntos de seguridad nacional y seguridad pública; las averiguaciones previas y las investigaciones ministeriales en curso; las deliberaciones de política fiscal y económica antes de su anuncio oficial; las negociaciones de relaciones exteriores; y la información comercial o técnica cuya divulgación dañaría el interés público. La información solo puede clasificarse como reservada cuando se cumple una prueba de tres partes: la información encuadra en una categoría específica del artículo 100 de la LGTAIP; la divulgación causaría un daño real, específico y demostrable; y el daño de la divulgación supera el interés público en la transparencia (prueba de daño, una prueba de proporcionalidad). La información confidencial conforme a los artículos 113 y 114 de la LGTAIP incluye los datos personales de las personas físicas y los secretos comerciales en posesión del gobierno en expedientes regulatorios. El principio clave es que las excepciones a la divulgación deben interpretarse de forma estricta y restrictiva: cualquier duda sobre su aplicabilidad debe resolverse a favor de la divulgación conforme al principio de máxima publicidad. Las decisiones de clasificación pueden combatirse mediante un recurso de revisión ante el INAI, que realiza una revisión independiente de la resolución de clasificación.

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en plataformadetransparencia.org.mx, es la plataforma digital centralizada del gobierno federal, establecida conforme al artículo 49 de la Ley General de Transparencia, para presentar, dar seguimiento y recibir respuestas a las solicitudes de transparencia dirigidas a los sujetos obligados federales. La PNT fue desarrollada por el INAI y sustituyó al anterior sistema INFOMEX en 2016. Para usar la PNT, los solicitantes deben crear una cuenta de usuario gratuita registrando una dirección de correo electrónico: la cuenta permite al solicitante dar seguimiento a todas sus solicitudes pendientes, recibir notificaciones de respuesta e interponer recursos de revisión en caso de negativa o respuesta insatisfactoria. Una vez registrado, el solicitante selecciona al sujeto obligado del directorio de la PNT (que incluye a cientos de dependencias federales, órganos autónomos y empresas públicas), redacta la solicitud en el formulario en línea especificando la información buscada y el formato de entrega preferido, y la envía. La PNT asigna un número de folio automático que confirma la recepción. Muchos sujetos obligados de orden estatal también están conectados a la PNT: los solicitantes deben verificar si el ente de interés participa en la PNT u opera su propia plataforma estatal (algunos estados mantienen plataformas SAIMEX o SISI separadas). El INAI publica guías de usuario y videotutoriales de la PNT en su sitio web en inai.org.mx. Para los solicitantes sin acceso a internet, las presentaciones presenciales en la Unidad de Transparencia del sujeto obligado son igualmente válidas conforme al artículo 125 de la LGTAIP.

Las empresas y las personas morales tienen el mismo derecho de acceso a la información pública que las personas físicas conforme al artículo 6 de la Constitución Política y a la Ley General de Transparencia: el derecho no se limita a las personas físicas ni a los ciudadanos mexicanos. Las empresas usan de forma rutinaria las solicitudes de transparencia para fines de negocio legítimos: la debida diligencia sobre los contratos gubernamentales adjudicados a competidores (contratos adjudicados en licitación pública); la verificación de los expedientes de cumplimiento regulatorio ante la COFEPRIS, la PROFEPA o la SEMARNAT; el acceso a los planes de desarrollo urbano y de uso de suelo relevantes para las adquisiciones inmobiliarias; la revisión de las declaraciones de disponibilidad de agua de la CONAGUA antes de invertir en proyectos dependientes del agua; y la investigación de los precios de referencia de las contrataciones gubernamentales para efectos de licitación competitiva. Para las empresas involucradas en litigios contra o con entes de gobierno, las solicitudes de transparencia de actas de inspección, expedientes administrativos y dictámenes técnicos pueden ser estratégicamente importantes. El sujeto obligado no puede discriminar a las empresas al procesar las solicitudes de transparencia: aplican el mismo plazo de veinte días y los mismos derechos procesales sin importar quién sea el solicitante. Las empresas deben tener en cuenta que la información sobre sus propias actividades comerciales presentada a las dependencias regulatorias (por ejemplo, los expedientes farmacéuticos de la COFEPRIS, las evaluaciones de impacto ambiental de la SEMARNAT o los datos de exploración petrolera de la CNH) puede clasificarse como información comercial confidencial si cumple el estándar de secreto comercial conforme a los artículos 113 y 114 de la LGTAIP, lo que significa que las empresas competidoras no pueden obtenerla mediante solicitudes de transparencia.

Un recurso de revisión es el mecanismo de impugnación administrativa conforme al artículo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que permite a un solicitante combatir una respuesta de transparencia que considera insatisfactoria. El recurso de revisión puede interponerse ante el INAI (para los sujetos obligados federales) o ante el órgano garante estatal correspondiente (para los entes estatales y municipales) cuando: el sujeto obligado negó la solicitud; la respuesta fue incompleta o incoherente; la información se clasificó sin una justificación legal adecuada; el sujeto obligado no respondió dentro del plazo de veinte días hábiles; el formato o la modalidad de entrega no fue la solicitada; o la cuota cobrada por la reproducción fue excesiva. El recurso de revisión debe interponerse dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la respuesta o, en los casos de falta de respuesta, dentro de los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de veinte días. Interponer el recurso es gratuito y puede hacerse de forma electrónica a través de la plataforma PNT sin representación legal. El INAI debe notificar al sujeto obligado y permitirle responder antes de emitir una resolución. El INAI tiene cuarenta días hábiles para resolver el recurso conforme al artículo 152 de la LGTAIP. Si el INAI ordena la divulgación, el sujeto obligado debe cumplir dentro de diez días hábiles a partir de la notificación. Las resoluciones del INAI son vinculantes y definitivas en el ámbito administrativo: solo pueden combatirse mediante amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito federales.

El acceso a tus propios datos personales en posesión de un ente de gobierno mexicano se rige por un marco legal distinto pero relacionado: la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), publicada en el DOF el 26 de enero de 2017, y no por la ley de transparencia. Conforme a la LGPDPPSO, toda persona tiene derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) para: acceder a sus expedientes de datos personales en posesión de cualquier sujeto obligado; corregir datos inexactos o desactualizados; solicitar la eliminación de datos que ya no sean necesarios; y oponerse a usos específicos de sus datos. Las solicitudes ARCO se presentan mediante un proceso distinto del de las solicitudes de transparencia: la solicitud ARCO se dirige al Oficial de Protección de Datos del sujeto obligado y no a la Unidad de Transparencia, y requiere la verificación de identidad (el solicitante debe acreditar que es el titular de los datos). El sujeto obligado tiene diez días hábiles para responder a una solicitud ARCO de acceso conforme al artículo 48 de la LGPDPPSO. El INAI también supervisa la LGPDPPSO para los sujetos obligados federales y atiende los recursos de las solicitudes ARCO: el proceso de verificación para las negativas ARCO es distinto del recurso de revisión de la ley de transparencia. En términos prácticos: usa la ley de transparencia para acceder a información pública sobre las actividades del gobierno; usa los derechos ARCO para acceder, corregir o eliminar tu información personal en los expedientes del gobierno.