Contrato de Compraventa de Bienes Muebles México (CCF arts. 2248–2283)

Conforme a los artículos 2014 y 2248 del Código Civil Federal (CCF), la transmisión de la propiedad (dominio) de bienes muebles en México se rige por el principio de consensualidad: la propiedad se transfiere al comprador en el momento en que ambas partes acuerdan el bien y el precio, con independencia de si se ha realizado la entrega física o el pago. Para los bienes muebles determinados (objetos concretos e individualizados), la entrega no es requisito para la transferencia del dominio; únicamente perfecciona la posesión material. En contratos de compraventa de bienes muebles con precio sujeto a ajuste (por ejemplo, metales preciosos a cotización de bolsa o mercancías a precio de mercado), el artículo 2309 del CCF establece que la propiedad no se transfiere sino hasta que el precio quede determinado. Para los bienes genéricos (fungibles o intercambiables), como 100 toneladas de trigo de grado estándar, el artículo 2015 del CCF prevé que la propiedad no pasa al comprador sino hasta que los bienes sean separados e individualizados (separación e individualización). Un pacto de reserva de dominio bajo el artículo 2329 del CCF permite a las partes aplazar expresamente la transferencia del dominio hasta el pago total del precio, aunque la posesión se entregue de inmediato.

Conforme al Código Civil Federal (CCF), el comprador de bienes muebles cuenta con dos garantías legales que aplican por defecto, independientemente de lo estipulado en el contrato, salvo renuncia expresa y válida. La primera es la garantía de evicción (garantía de evicción) regulada en los artículos 2119 a 2131 del CCF: si un tercero priva al comprador del bien adquirido mediante una reclamación de mejor derecho fundada en causa anterior a la venta, el vendedor debe indemnizar al comprador el precio pagado, los gastos del contrato, los daños y perjuicios causados por la evicción y las mejoras realizadas por el comprador. La segunda garantía es la de vicios ocultos (vicios redhibitorios) bajo los artículos 2142 a 2162 del CCF: el vendedor responde por los defectos ocultos que hacen al bien impropio para su uso o que disminuyen su utilidad de tal modo que el comprador no lo habría adquirido o lo habría pagado a menor precio de haberlos conocido. Si los vicios son graves, el comprador puede ejercer la acción redhibitoria (rescisión del contrato con devolución del precio) o la acción quanti minoris (reducción proporcional del precio). El plazo de prescripción de la acción redhibitoria es de seis meses para bienes muebles conforme al artículo 2164 del CCF. Los vendedores que sean comerciantes también quedan sujetos a las obligaciones de garantía del Código de Comercio (CCom) artículos 383 a 388, y los vendedores que contraten con consumidores deben cumplir con la garantía mínima de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

La obligación de emitir un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) al vender bienes muebles en México depende del estatus fiscal del vendedor. Los contribuyentes registrados ante el SAT — personas físicas con actividad empresarial, prestadores de servicios profesionales o personas morales — deben emitir un CFDI conforme al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF) por toda enajenación de bienes, con independencia de que la operación sea habitual u ocasional. Las personas físicas que venden bienes muebles de uso personal (artículos domésticos, vehículos propios, mobiliario personal) de forma ocasional y no como actividad empresarial generalmente no están obligadas a emitir CFDI. Sin embargo, si la ganancia en la venta excede los montos exentos del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), deben declarar el ingreso en su declaración anual del ISR. En la compraventa de bienes muebles usados entre particulares (persona a persona), el IVA no se genera cuando ambas partes son personas físicas no contribuyentes habituales. Cuando el vendedor sí es contribuyente, el IVA aplica a la tasa del 16% bajo el artículo 1 de la LIVA, con excepción de ciertos bienes exentos o de tasa cero. La falta de emisión de CFDI cuando es obligatoria acarrea multas bajo los artículos 82 y 83 del CFF y puede dar lugar a la presunción de ingresos no declarados en una revisión del SAT.

El Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) es un registro electrónico nacional operado por la Secretaría de Economía conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) reformada en 2014. En el RUG se inscriben los derechos reales de garantía (garantías mobiliarias) sobre bienes muebles — incluyendo maquinaria, equipo, vehículos, inventario, cuentas por cobrar y otros activos muebles — otorgados mediante prenda sin desplazamiento o cesión en garantía. Un comprador de bienes muebles debe consultar el RUG en reca.gob.mx antes de perfeccionar la compra para verificar si existe alguna garantía mobiliaria inscrita sobre el bien. Si el bien está gravado y el vendedor lo enajena sin el consentimiento del acreedor garantizado o sin cancelar previamente la garantía, el acreedor puede ejercer sus derechos frente al bien en manos del comprador, salvo que este acredite haber adquirido de buena fe y a título oneroso sin conocimiento del gravamen, conforme a las reglas de oponibilidad de la LGTOC. Los bancos, FIRA, Financiera Nacional de Desarrollo (FND) y otras instituciones financieras reguladas por la CNBV inscriben rutinariamente prendas sobre equipo, vehículos e inventario. Una búsqueda en el RUG tarda minutos y puede prevenir disputas costosas de title en una compraventa de bienes muebles de valor significativo.

El pacto de reserva de dominio bajo el artículo 2329 del Código Civil Federal (CCF) es un acuerdo contractual mediante el cual el vendedor se obliga a entregar la posesión del bien vendido al comprador mientras conserva el dominio legal (titularidad) hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio acordado. Este mecanismo es habitual en ventas a plazos de maquinaria, vehículos, equipo de cómputo y mobiliario de oficina, pues protege al vendedor contra el incumplimiento del pago sin necesidad de hipotecar o prendar el bien. Para ser oponible a terceros, el pacto de reserva de dominio debe inscribirse en el RUG bajo la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC); sin este registro, el vendedor no puede reivindicar el bien frente a acreedores del comprador o a terceros adquirentes de buena fe. Bajo el CCom artículo 380, en las ventas mercantiles a plazos con reserva de dominio, si el comprador incumple dos o más pagos, el vendedor puede rescindir el contrato y recuperar el bien, debiendo devolver los pagos recibidos menos una compensación por el uso y depreciación del bien. El pacto de reserva de dominio no está disponible para bienes inmuebles — para estos se utilizan la condición resolutoria o la hipoteca.

El derecho a devolver bienes muebles en México depende de si la operación es una transacción de consumo regulada por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) o una venta privada entre particulares regida exclusivamente por el Código Civil Federal (CCF). En transacciones de consumo con proveedores (empresas o comerciantes que venden habitualmente), la LFPC otorga al consumidor un derecho de garantía mínima de 30 días naturales sobre el buen funcionamiento del bien conforme al artículo 77 de la LFPC; durante ese plazo, el consumidor puede exigir la reparación, sustitución o devolución del dinero si el bien presenta defectos. La PROFECO supervisa el cumplimiento de estas garantías y puede sancionar a los proveedores incumplidos. Para ventas entre particulares (persona a persona) no reguladas por la LFPC, el CCF no reconoce un derecho general de arrepentimiento (ius poenitendi); el comprador únicamente puede exigir la devolución del precio si ejerce la acción redhibitoria por vicios ocultos bajo el artículo 2142 del CCF, acreditando que el defecto existía al momento de la venta y no era aparente al momento de la compra. Las ventas realizadas fuera de establecimiento comercial (a domicilio o en ferias) a consumidores están sujetas al derecho de desistimiento (derecho de retracto) de cinco días hábiles bajo el artículo 56 de la LFPC.

Si el comprador adquiere bienes muebles que resultan ser robados, enfrenta el riesgo de que las autoridades confisquen el bien y lo restituyan al propietario original sin compensación alguna — consecuencia directa del principio de que nadie puede transmitir más derechos de los que tiene (nemo dat quod non habet), reconocido en el artículo 2269 del Código Civil Federal (CCF). El comprador de buena fe de bienes robados no adquiere el dominio por el solo hecho de la compraventa; el propietario original puede reivindicar el bien mediante la acción reivindicatoria del artículo 4 del CCF, salvo que hayan transcurrido los plazos de prescripción adquisitiva (usucapión) establecidos en los artículos 1152 a 1157 del CCF (tres años para bienes muebles poseídos de buena fe, cinco años en caso contrario). El comprador que fue víctima de dolo o mala fe del vendedor puede exigir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios conforme a los artículos 1812 y 2228 del CCF por nulidad por objeto ilícito. Asimismo, el vendedor de bienes robados incurre en el delito de encubrimiento o despojo tipificado en los artículos 400 y 395 del Código Penal Federal (CPF), lo que permite al comprador perjudicado presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la fiscalía estatal correspondiente.