Acuerdo de Quita y Espera España

El Acuerdo de Quita y Espera es, en España, el contrato escrito regulado por Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020); originally Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, art. 71 bis, que fija por escrito los derechos y obligaciones recíprocos de las partes y resulta exigible ante los tribunales civiles.

La quita es una condonación o descuento contractual de parte del principal pendiente, de los intereses o de ambos — el acreedor acepta voluntariamente recuperar menos que el importe contractual a cambio de una mayor certeza de cobrar el importe reducido sin los costes, demoras e incertidumbres del concurso formal. La espera amplía el plazo de reembolso sin reducir el principal — concediendo al deudor tiempo adicional para generar tesorería o vender activos y pagar el saldo reestructurado íntegro.

La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, transpuso la Directiva (UE) 2019/1023 (Directiva de Reestructuración e Insolvencia) al derecho español, modernizando sustancialmente el marco preconcursal. La reforma introdujo nuevos instrumentos: (1) Planes de reestructuración bajo los artículos 616 y ss. del TRLC — sustituyendo al antiguo convenio anticipado, permitiendo vincular a acreedores disidentes mediante la extensión de efectos a clases disidentes (cramdown) del Artículo 654 del TRLC, supervisada por el Juzgado de lo Mercantil; (2) Moratorio pre-concursal — el Artículo 585 del TRLC permite al deudor notificar al Juzgado de lo Mercantil el inicio de negociaciones con acreedores y obtener una suspensión de ejecuciones individuales de 3 meses, prorrogable a 6 meses; (3) Acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) — artículos 690 y ss. del TRLC, procedimiento simplificado para deudores más pequeños (autónomos, microempresas) con apoyo de un Mediador Concursal designado por el Registro Mercantil o un notario.

La Circular 4/2017 del Banco de España establece normas específicas de contabilidad y clasificación de riesgos para las entidades de crédito en operaciones refinanciadas y reestructuradas — los bancos deben clasificar los préstamos reestructurados como dudosos o renegociados y dotar provisiones conforme a las Directrices EBA/GL/2020/06 de la Autoridad Bancaria Europea sobre moratorias y refinanciaciones.

La AEAT trata la quita (condonación de deuda acordada por acreedores) como ingreso sujeto a tributación en el Impuesto sobre Sociedades del deudor conforme al Artículo 17 de la Ley 27/2014, salvo que la quita forme parte de un convenio concursal o de un Acuerdo de Refinanciación homologado judicialmente bajo el Artículo 11.13 del IS, en cuyo caso se aplica un tratamiento fiscal especial para diferir o limitar el impacto tributario.

El Acuerdo de Quita y Espera en Espana se enmarca juridicamente en el articulo 1143 del Codigo Civil (condonacion parcial de deuda por acuerdo entre acreedor y deudor) y en el articulo 36 del Codigo de Comercio para transacciones mercantiles. En el contexto concursal, el acuerdo de quita y espera puede adoptarse como Convenio de Acreedores (articulos 316 a 394 del Real Decreto Legislativo 1/2020, Texto Refundido de la Ley Concursal) dentro de un procedimiento concursal, o como Acuerdo Extrajudicial de Pagos (articulos 631 a 694 del Real Decreto Legislativo 1/2020) para deudores personas fisicas y empresas de reducido tamano. El Mecanismo de Segunda Oportunidad (Real Decreto-Ley 1/2015 y la Directiva UE 2019/1023 de Reestructuracion e Insolvencia) permite a las personas fisicas insolventes solicitar la exoneracion del pasivo insatisfecho tras la liquidacion de su patrimonio o tras un acuerdo de quita y espera que cumpla los requisitos del Real Decreto Legislativo 1/2020. Las implicaciones fiscales del acuerdo son significativas: la quita reconocida supone una renta imputable al deudor sujeta al IRPF (para personas fisicas) o al Impuesto sobre Sociedades (para personas juridicas), salvo que sea aplicable la exencion especifica del articulo 3 del Real Decreto-Ley 3/2016 para rentas derivadas de quitas en acuerdos con acreedores.

Un Acuerdo de Quita y Espera en España es necesario cuando una empresa española o un autónomo que afronta dificultades financieras temporales o estructurales busca reestructurar sus obligaciones de deuda con acreedores clave — bancos (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell), acreedores comerciales o prestamistas vinculados — al margen del concurso de acreedores formal ante el Juzgado de lo Mercantil.

El acuerdo es necesario cuando una empresa se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente conforme al Artículo 2 del TRLC — incapaz de atender sus obligaciones corrientes a su vencimiento (insolvencia actual) o ante la inminente imposibilidad de hacerlo (insolvencia inminente) — y desea iniciar negociaciones con acreedores antes de que se active el deber legal de solicitar el concurso del Artículo 5 del TRLC (en el plazo de 2 meses desde que la insolvencia sea actual), sirviéndose del moratorio pre-concursal del Artículo 585 del TRLC para suspender las ejecuciones individuales durante las negociaciones.

Se requiere cuando los principales prestamistas de una empresa — habitualmente un sindicato bancario liderado por su banco principal — han acordado en principio una quita y/o una extensión de plazo (espera) pero necesitan un acuerdo de reestructuración multilateral formalmente documentado y vinculante para todos los acreedores participantes, coordinado con el marco del Plan de Reestructuración de los artículos 616 y ss. del TRLC si es preciso vincular a acreedores disidentes mediante cramdown.

El acuerdo es necesario cuando un autónomo con deudas inferiores a 5 millones de euros quiere acogerse al procedimiento de Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) de los artículos 690 a 694 del TRLC — nombrando un Mediador Concursal a través del Registro Mercantil o de un notario, que apoya las negociaciones con acreedores para un plan de pagos que incluya quita y espera dentro de los plazos legales.

Se precisa como consecuencia de perturbaciones empresariales relacionadas con el COVID-19 — muchas empresas españolas que se beneficiaron de las líneas de avales ICO bajo el Real Decreto-Ley 8/2020 están reestructurando los saldos pendientes de préstamos ICO mediante ampliaciones de plazo y quitas parciales acordadas con los bancos prestamistas, documentadas en acuerdos formales de reestructuración.

También es necesario cuando un promotor inmobiliario español reestructura la deuda hipotecaria sobre proyectos de desarrollo con sus bancos financiadores — situación habitual tras bajadas del mercado — donde los bancos acuerdan ampliar el vencimiento del préstamo hipotecario (novación de plazo) y en ocasiones reducir el saldo pendiente a cambio de garantías adicionales o cooperación en la gestión de activos.

Un Acuerdo de Quita y Espera válido en España conforme al Texto Refundido de la Ley Concursal (RDL 1/2020) y la Ley 16/2022 debe contener los siguientes elementos esenciales para ser eficaz como instrumento de reestructuración, poder ser homologado judicialmente conforme al Artículo 604 del TRLC y evitar su impugnación como acto perjudicial para la masa conforme al Artículo 226 del TRLC si se abren posteriormente procedimientos concursales.

Identificación de las Partes y las Deudas: Nombre completo, NIF/CIF y domicilio del deudor y de cada acreedor participante. Debe adjuntarse un inventario detallado de las deudas reestructuradas — principal pendiente, intereses devengados, tipo de interés aplicable, fecha de vencimiento y garantías existentes (hipoteca, prenda o aval). El porcentaje de cada acreedor sobre el pasivo total es fundamental para evaluar si se alcanzan los umbrales de homologación judicial del Artículo 604 del TRLC.

Condiciones de la Quita: La reducción de deuda (quita) acordada — expresada como porcentaje de reducción del principal, importe fijo condonado o combinación de ambos — y si la quita se aplica solo al principal o también a intereses devengados e intereses de demora. La quita surte efecto desde la firma del acuerdo y, a efectos fiscales, genera un ingreso contable para el deudor conforme al Plan General Contable, salvo diferimiento bajo las disposiciones específicas del IS para reestructuraciones homologadas.

Condiciones de la Espera: El aplazamiento (espera) — nuevo calendario de amortización, nueva fecha de vencimiento, tipo de interés reestructurado y cualquier período de carencia durante el que solo sean exigibles intereses. La espera debe ser realista en relación con la tesorería proyectada del deudor — los tribunales españoles han cuestionado planes de reestructuración donde el nuevo calendario de amortización era manifiestamente inalcanzable.

Condiciones Suspensivas: Las condiciones que deben cumplirse antes de que el acuerdo entre en vigor — habitualmente: suscripción por acreedores que representen un porcentaje mínimo de la deuda reestructurada; ausencia de cambio adverso material en la situación financiera del deudor; entrega de información financiera actualizada; y, en su caso, aprobación del acuerdo por el órgano de gobierno del deudor (Junta General, Consejo de Administración).

Plan de Viabilidad: Plan de viabilidad empresarial que demuestre la senda de recuperación financiera del deudor tras la reestructuración — exigido para la homologación judicial conforme al Artículo 604 del TRLC y recomendable en cualquier reestructuración extrajudicial como evidencia de la buena fe del deudor y la racionalidad económica de la operación. El plan debe incluir proyecciones financieras a 3-5 años, medidas operativas clave (reestructuración operativa) y análisis de sensibilidad.

Garantías y Colateral: Nuevas garantías aportadas por el deudor a los acreedores participantes a cambio de la quita y la espera — hipotecas sobre inmuebles, prendas adicionales sobre activos o avales personales de socios o administradores — y el orden de prelación de las garantías existentes y nuevas entre los acreedores participantes.

Protección frente al Cramdown: Cuando el acuerdo vaya a someterse al Juzgado de lo Mercantil para homologación judicial conforme a los artículos 604 a 615 del TRLC, el acuerdo debe documentar las clases de acreedores, los umbrales de votación alcanzados en cada clase (mayoría de 2/3 en valor para la homologación) y la base para extender el acuerdo a los acreedores disidentes de cada clase. El Artículo 226 del TRLC protege los acuerdos de refinanciación homologados frente a acciones rescisorias concursales durante 2 años si se abre posteriormente un concurso.

Confidencialidad: Obligación de todas las partes de mantener estricta confidencialidad sobre la existencia y los términos de las negociaciones de reestructuración — la divulgación prematura de las dificultades financieras puede acelerar la propia insolvencia que la reestructuración pretende evitar.

forms-legal.com ofrece esta plantilla de Acuerdo de Quita y Espera España como referencia práctica. Los acuerdos de reestructuración que impliquen múltiples acreedores, homologación judicial o mecanismos de cramdown deben ser estructurados por un abogado concursalista con experiencia en el TRLC y la Ley 16/2022.