Acuerdo Preconcursal (España)

El Acuerdo Preconcursal en España es un acuerdo escrito formal de reestructuración concluido entre una empresa deudora y una o varias clases de sus acreedores al margen del procedimiento formal de concurso de acreedores, regulado por el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC, Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo) reformado en profundidad por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que transpone la Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva al ordenamiento jurídico español.

El Acuerdo Preconcursal — también conocido en la práctica española como acuerdo de reestructuración o plan de reestructuración — permite a un deudor español que se encuentra o prevé encontrarse en situación de insolvencia actual o inminente negociar con sus acreedores al margen de la formalidad y la publicidad de un concurso de acreedores completo, preservando así la empresa como negocio en funcionamiento, evitando el daño reputacional y operativo de la insolvencia formal y alcanzando una resolución consensuada de sus obligaciones de deuda con menor coste y en menos tiempo que la insolvencia judicial.

El marco jurídico de la reestructuración preconcursal en España experimentó una transformación fundamental con la Ley 16/2022. Con anterioridad a esta reforma, el principal instrumento preconcursal era la comunicación del Artículo 5 bis de la Ley 22/2003 Concursal — una notificación al Juzgado de lo Mercantil de que el deudor había iniciado negociaciones preconcursales con los acreedores, que otorgaba una moratoria de hasta 3 meses sobre las acciones individuales de ejecución de los acreedores. La Ley 16/2022 sustituyó ese marco por un mecanismo más sofisticado de plan de reestructuración inspirado en la Directiva europea, que permite la imposición del plan a clases de acreedores disidentes por parte del Juzgado de lo Mercantil conforme al Artículo 654 y siguientes del TRLC.

El plan de reestructuración conforme a la Ley 16/2022 puede ser homologado judicialmente por el Juzgado de lo Mercantil a solicitud del deudor o de la mayoría requerida de acreedores, resultando vinculante para los acreedores disidentes dentro de las clases afectadas — una ampliación significativa del poder coercitivo de los acuerdos preconcursales respecto al marco anterior a 2022. El Juzgado de lo Mercantil puede acordar una paralización de las ejecuciones individuales de los acreedores durante el período de negociación conforme a los artículos 616 y siguientes del TRLC.

El experto en reestructuración — nueva figura introducida por la Ley 16/2022, designado por el Juzgado de lo Mercantil a solicitud del deudor o de los acreedores — desempeña un papel central en la facilitación de las negociaciones e informa al tribunal. El experto se selecciona del Registro de Administradores Concursales mantenido por el Ministerio de Justicia y los registros equivalentes de las Comunidades Autónomas.

La práctica española en acuerdos preconcursales está dominada por los principales despachos de abogados que actúan junto a bancos de inversión como asesores financieros — los casos más destacados de los últimos años incluyen reestructuraciones en los sectores inmobiliario, hotelero, minorista y energético, con operaciones emblemáticas como la reestructuración de Abengoa (2016 y 2021) y la del Grupo Haya Real Estate (2021) que conformaron el marco de práctica que la Ley 16/2022 codifica.

El Acuerdo Preconcursal en España conforme a la Ley 16/2022 es necesario siempre que una empresa o deudor individual español se enfrente a insolvencia actual — incapacidad para cumplir regularmente con sus obligaciones de pago — o a insolvencia inminente — incapacidad razonablemente previsible para cumplir con sus obligaciones de pago en los próximos tres meses — y desee reestructurar sus deudas al margen del procedimiento formal de concurso de acreedores, preservando la empresa como negocio en funcionamiento.

Se necesita cuando la carga de deuda de una empresa se ha vuelto insostenible por el deterioro de la actividad comercial — caída de ingresos, compresión de márgenes, pérdida de contratos clave o perturbaciones en los precios de materias primas — y el deudor y sus principales acreedores (habitualmente bancos españoles e internacionales, tenedores de bonos y grandes acreedores comerciales) desean alcanzar una reestructuración consensuada sin activar la publicidad, la perturbación operativa, la alarma de clientes y los efectos automáticos de la presentación formal de un concurso de acreedores conforme a los artículos 20 y siguientes del TRLC. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un concurso suele ser letal para la confianza de clientes y proveedores.

El Acuerdo Preconcursal en España es necesario cuando los administradores de la empresa deudora se aproximan al momento en que tienen la obligación legal de solicitar el concurso de acreedores — el Artículo 5 del TRLC exige la solicitud en el plazo de dos meses desde que se conozca el estado de insolvencia. Al iniciar negociaciones preconcursales y comunicarlas al Juzgado de lo Mercantil competente conforme al Artículo 583 del TRLC (sucesor del anterior mecanismo del Artículo 5 bis), los administradores obtienen una prórroga del plazo de presentación y una paralización de determinadas ejecuciones individuales de acreedores, protegiéndolos de responsabilidad personal conforme al Artículo 172 bis TRLC durante el período de negociación.

Se necesita en situaciones de compra apalancada (LBO) en las que ya no puede atenderse el servicio de la deuda de adquisición — el vehículo de adquisición (newco) negocia una capitalización de deuda (conversión de deuda en capital) o un aplazamiento de deuda con los bancos financiadores antes de que los impagos acumulados activen las cláusulas de vencimiento cruzado (incumplimiento cruzado) sobre toda la estructura de deuda del grupo.

El Acuerdo Preconcursal en España es necesario cuando una promotora inmobiliaria o sociedad patrimonialista tiene deuda de construcción o adquisición que no puede atender por una caída del mercado inmobiliario o el aumento de los tipos de interés — situación recurrente en el cíclico mercado inmobiliario español desde 2008 y de nuevo tras las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) en 2022–2023.

También es necesario cuando una pyme española con facturación inferior a 10 millones de euros busca reestructurar la deuda bancaria con sus principales prestamistas — el Código de Buenas Prácticas Bancarias (Real Decreto-Ley 6/2012, reformado) proporciona un marco para las negociaciones informales de reestructuración que a menudo preceden a un acuerdo preconcursal formal.

Un Acuerdo Preconcursal válido en España conforme al TRLC (RDL 1/2020) reformado por la Ley 16/2022 debe contener los siguientes elementos esenciales para ser eficaz entre las partes y, cuando se solicite la homologación, aprobable por el Juzgado de lo Mercantil.

Identificación del deudor y los acreedores: Nombre completo, NIF, domicilio social y datos del Registro Mercantil del deudor. Datos completos de cada acreedor parte — nombre, NIF y domicilio. El acuerdo debe identificar la clase o clases de acreedores incluidas (acreedores financieros, acreedores comerciales, acreedores subordinados) ya que el marco del plan de reestructuración del TRLC opera clase por clase conforme a los artículos 616–636 del TRLC.

Situación financiera del deudor: Descripción de la situación financiera actual del deudor que acredite la existencia de insolvencia actual o inminente — métricas financieras clave incluyendo EBITDA, deuda total, ratio deuda/EBITDA, liquidez disponible y próximos vencimientos de deuda. Esta sección fundamenta jurídicamente el acuerdo conforme a los umbrales de insolvencia del TRLC y apoya la valoración del Juzgado de lo Mercantil si se solicita la homologación.

Medidas de reestructuración: Las medidas específicas de reestructuración de deuda acordadas con los acreedores — que pueden incluir: (a) refinanciación de deuda — ampliación de vencimientos, períodos de carencia o amortización diferida; (b) reducción o capitalización de intereses; (c) quita — condonación parcial del principal; (d) capitalización de deuda — acreedores que aceptan nuevas participaciones a cambio de la cancelación de deuda; (e) dinero nuevo — financiación adicional aportada por los acreedores existentes; o (f) desinversiones acordadas como parte de la reestructuración. Cada medida debe describirse con precisión, incluyendo importes, porcentajes y calendario.

Umbrales de aprobación de los acreedores: Declaración de los umbrales de votación requeridos para el efecto vinculante — conforme a la Ley 16/2022, un plan de reestructuración vincula a los acreedores disidentes dentro de una clase si es aprobado por al menos dos tercios de la clase afectada por valor (para un plan que no requiera homologación judicial) o tres cuartas partes (para la imposición entre clases conforme a los artículos 654–662 del TRLC). Los acreedores financieros y los acreedores comerciales votan habitualmente por separado como clases distintas.

Paralización de ejecuciones individuales: Referencia a la paralización de ejecuciones individuales obtenida o a solicitar del Juzgado de lo Mercantil conforme a los artículos 616–622 del TRLC — que impide a los acreedores individuales iniciar o proseguir acciones de ejecución sobre los activos del deudor durante el período de negociación de la reestructuración. La paralización afecta a los acreedores cuyas deudas nacieron antes de la fecha de comunicación.

Plan de viabilidad: Resumen del plan de viabilidad empresarial del deudor que demuestre que la empresa reestructurada es económicamente viable como negocio en funcionamiento — requisito para la homologación conforme al Artículo 639 del TRLC. El Juzgado de lo Mercantil y el experto en reestructuración designado examinarán el plan de viabilidad para verificar que el plan de reestructuración no deja a los acreedores disidentes en peor situación que en un escenario de liquidación (test del interés superior de los acreedores — Artículo 640 TRLC).

Ley aplicable y jurisdicción: Declaración de que el acuerdo se rige por el derecho español — el TRLC (RDL 1/2020) reformado por la Ley 16/2022 — y de que el Juzgado de lo Mercantil del domicilio social del deudor tiene competencia para la homologación y los procedimientos de ejecución. Las reestructuraciones internacionales de deudores españoles con acreedores transfronterizos deben también tener en cuenta el Reglamento de Insolvencia de la UE (UE 2015/848).

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