Image and Photography Rights Consent Colombia (Autorización de Uso de Imagen)

No — en Colombia, un contrato de trabajo no es base legal suficiente para que una empresa use la fotografía de un empleado en su sitio web público, redes sociales o materiales de marketing. Bajo la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, las imágenes fotográficas se clasifican como datos personales sujetos a los requisitos de consentimiento del estatuto. La SIC ha emitido orientación aclarando que la relación laboral no crea consentimiento implícito para todo tratamiento de datos. El contrato de trabajo puede permitir ciertos usos internos de imágenes de empleados (tarjetas de acceso de seguridad, directorios internos) sin autorización de imagen separada, pero el uso comercial en el sitio web público de la empresa, redes sociales o materiales publicitarios requiere consentimiento escrito explícito. En la práctica, los empleadores colombianos deben incluir una cláusula de autorización de imagen en sus documentos de ingreso — separada del contrato de trabajo — especificando exactamente cómo se usará la imagen del empleado. La Delegatura para la Protección de Datos Personales de la SIC puede investigar e imponer sanciones administrativas. Los empleados tienen derecho a solicitar la eliminación de sus imágenes de los sitios web y materiales de marketing de la empresa bajo el derecho de supresión de la Ley 1581 de 2012.

Las normas para usar fotografías de personas en espacios públicos de Colombia implican un equilibrio entre la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho constitucional a la privacidad y a la imagen. Bajo la doctrina constitucional colombiana desarrollada por la Corte Constitucional, tomar fotografías en espacios públicos generalmente está permitido bajo la libertad de expresión cuando las fotografías son para fines periodísticos, documentales, artísticos o puramente personales (no comerciales). Sin embargo, usar fotografías de individuos privados identificables con fines comerciales — publicidad, promoción de productos, respaldo de marca — requiere autorización explícita bajo la Ley 1581 de 2012, independientemente de si la fotografía fue tomada en un espacio público. La distinción legal es entre: el acto de capturar la imagen (que puede estar permitido en espacios públicos); y el uso posterior de la imagen (que puede requerir consentimiento dependiendo del propósito). La Sentencia T-411 de 1995 de la Corte Constitucional estableció que el uso comercial de la imagen de una persona sin consentimiento — incluso si fue capturada en un entorno público — viola el derecho fundamental a la propia imagen del Artículo 15 de la Constitución.

Bajo el Artículo 8(b) de la Ley 1581 de 2012, toda persona en Colombia que ha dado consentimiento para el tratamiento de sus datos personales — incluyendo imágenes fotográficas y videos — tiene el derecho de revocar ese consentimiento en cualquier momento. El derecho de revocación es inalienable y no puede renunciarse en el acuerdo de consentimiento original. El procedimiento para ejercer el derecho de revocación: el titular debe presentar una solicitud de revocación escrita al responsable del tratamiento — por carta certificada, correo electrónico o a través de los canales de contacto establecidos en la política de tratamiento de datos; el responsable debe tramitar la solicitud de revocación en el plazo establecido por la Ley 1581 de 2012 — generalmente 15 días hábiles para solicitudes de hábeas data; tras la revocación válida, el responsable debe cesar todo tratamiento y difusión adicional de la imagen. Sin embargo, la revocación no invalida retroactivamente los usos anteriores realizados bajo la autorización original. La revocación afecta los usos futuros. Si el responsable no respeta la revocación, el titular puede presentar una queja de hábeas data ante la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la SIC, que puede ordenar la eliminación de las imágenes e imponer multas administrativas.

Las campañas de marketing de influencers en Colombia que involucran el uso de la imagen, voz o semejanza de una persona requieren el cumplimiento de múltiples marcos legales superpuestos. Para contratos de influencer: cuando una marca contrata a un influencer para crear contenido con su imagen, el contrato mismo sirve como autorización para los usos acordados. Para campañas de contenido generado por usuarios (UGC) que invitan a consumidores a enviar fotografías o videos: se requiere autorización explícita de cada consumidor bajo la Ley 1581 de 2012 — los términos y condiciones de la campaña deben divulgar claramente cómo se usará el contenido enviado. El consentimiento implícito a través del envío no es suficiente bajo la ley colombiana de protección de datos. Para contenido cocreado donde un fotógrafo de marca filma individuos identificables en un evento de marca para uso comercial posterior: deben obtenerse autorizaciones de imagen de cada participante identificable antes de publicar el contenido comercialmente. La SIC ha tomado acciones de ejecución contra marcas por usar imágenes de consumidores en campañas de redes sociales sin la autorización adecuada, confirmando que los propios términos de servicio de las plataformas de redes sociales no sustituyen el consentimiento para propósito específico exigido por la Ley 1581 de 2012.

El uso no autorizado de la imagen de una persona en Colombia puede desencadenar consecuencias administrativas, civiles y en algunos casos penales. Bajo la ley administrativa, la SIC puede imponer multas administrativas de hasta 2.000 SMMLV (aproximadamente COP$2,5 billones en valores de 2024) sobre organizaciones que traten datos personales incluyendo imágenes fotográficas sin la autorización requerida bajo el Artículo 23 de la Ley 1581 de 2012. La SIC también puede ordenar el cese del tratamiento no autorizado y la eliminación de las imágenes. Bajo responsabilidad civil extracontractual, la persona afectada puede interponer demanda civil por daños bajo los Artículos 2341-2360 del CC, buscando daño moral, daño a la vida en relación, lucro cesante y daño material. Bajo protección constitucional, la persona afectada puede interponer acción de tutela ante cualquier juez en Colombia — bajo el Decreto 2591 de 1991 — solicitando el cese inmediato del uso no autorizado de su imagen como violación de sus derechos constitucionales a la intimidad (Artículo 15) y al libre desarrollo de la personalidad (Artículo 16). Las tutelas se resuelven en 10 días y pueden resultar en órdenes inmediatas de eliminar imágenes de sitios web, redes sociales y publicaciones.

El uso no autorizado de la imagen de una persona en Colombia puede generar tres tipos de consecuencias: (1) Sanciones administrativas de la SIC por violación a la Ley 1581 de 2012, con multas de hasta 2.000 SMMLV; (2) Responsabilidad civil extracontractual conforme al artículo 2341 del Código Civil colombiano, que obliga a indemnizar los daños morales y patrimoniales causados al titular; (3) Responsabilidad penal por el delito de violación a la intimidad tipificado en el artículo 221 del Código Penal colombiano, si el uso no autorizado divulga aspectos de la vida privada del titular. En la práctica, la SIC ha sancionado a empresas colombianas con multas significativas por el uso publicitario de imágenes sin autorización expresa del titular del dato personal.