Solicitud Mediación Prejudicial Obligatoria

La Solicitud Mediación Prejudicial Obligatoria en Argentina es la petición formal con la que una persona inicia el trámite ante el organismo público competente, conforme a Ley 26.589 Art. 1 (Mediación Prejudicial Obligatoria); CPCCN.

La mediación prejudicial obligatoria fue instituida en Argentina por la Ley 24.573 de 1995, luego reformada y ampliada por la Ley 26.589 (promulgada el 6 de mayo de 2010), que es la norma actualmente vigente. El Artículo 1 de la Ley 26.589 establece que la mediación prejudicial es obligatoria como requisito de admisibilidad de la demanda ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia de CABA y los Juzgados Federales con sede en el resto del país, con la excepción de ciertas materias taxativamente excluidas por el Artículo 5 de la misma ley.

El fundamento constitucional de la mediación prejudicial obligatoria reside en el Artículo 18 de la Constitución Nacional (tutela judicial efectiva) interpretado en concordancia con los principios de economía procesal y desjudicialización de conflictos. El sistema fue inspirado en modelos de mediación existentes en Estados Unidos, Canada y España, y la experiencia argentina ha demostrado que entre el 50% y el 65% de los casos que ingresan a mediación se resuelven sin llegar a juicio.

El procedimiento de mediación prejudicial se inicia con la presentación de la solicitud ante el Centro de Mediación del Ministerio de Justicia de la Nación (ubicado en Av. Callao 110, CABA, o a través del sistema electrónico del Ministerio) o ante un mediador habilitado inscripto en el Registro Nacional de Mediadores del Ministerio de Justicia (Res. 239/2012 y modificatorias). El requirente puede elegir libremente a cualquier mediador del registro — mediación a pedido de parte — o puede solicitar al Centro de Mediación que le asigne un mediador por sorteo — mediación oficial.

El mediador habilitado por el Ministerio de Justicia conforme a los Artículos 8 y 9 de la Ley 26.589 es un profesional (abogado, psicólogo, trabajador social u otro profesional universitario con tres años de antigüedad en su matrícula) que ha completado la formación específica en mediación y está inscripto en el Registro Nacional de Mediadores. El mediador no tiene poder de decisión — no impone soluciones ni dicta laudos. Su función es facilitar la comunicación entre las partes, identificar los intereses subyacentes al conflicto y asistir a las partes en la búsqueda de un acuerdo voluntario. Si se alcanza un acuerdo, el mediador labra el acta de mediación con los términos del acuerdo y las partes la firman. El acta de mediación homologada judicialmente tiene fuerza ejecutoria conforme al Artículo 23 de la Ley 26.589 — equivale a una sentencia judicial firme para los efectos de su ejecución.

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), reformado por la Ley 26.589, establece en su Artículo 360 (texto actualizado) que el juez que recibe una demanda sin el previo agotamiento de la instancia de mediación prejudicial —en materias no excluidas por el Art. 5 de la Ley 26.589— la rechaza in limine por ausencia de requisito de admisibilidad procesal.

La Solicitud de Mediación Prejudicial Obligatoria en Argentina es necesaria como paso previo ineludible antes de iniciar la mayoría de los juicios civiles y comerciales ante los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de las provincias que han adherido al sistema de mediación prejudicial, conforme a la Ley 26.589 de Mediación y Conciliación.

La primera situación en la que se requiere la solicitud de mediación prejudicial es cuando una persona física o jurídica desea reclamar judicialmente el cobro de una deuda de dinero, ya sea derivada de un contrato de mutuo, un pagaré, un cheque rechazado, una factura impaga, o cualquier otra fuente de obligación dineraria. El artículo 1 de la Ley 26.589 establece la mediación como instancia previa y obligatoria para este tipo de reclamos, con excepción de los procesos ejecutivos cubiertos por el artículo 5 de la misma ley.

La segunda situación corresponde a los reclamos por daños y perjuicios: accidentes de tránsito, mala praxis médica, daños por incumplimiento contractual, responsabilidad civil extracontractual. Antes de demandar civilmente al responsable del daño, el reclamante debe iniciar la mediación prejudicial conforme al artículo 1 Ley 26.589 y al artículo 1 del Decreto Reglamentario 1467/2011. La mediación en estos casos permite resolver el conflicto en un plazo de 60 días hábiles (prorrogables a 90 días a pedido de las partes), evitando juicios que en los fueros civiles y comerciales de CABA pueden extenderse entre 3 y 7 años.

La tercera situación es la resolución de conflictos entre socios de una sociedad comercial, conflictos entre comuneros en condominios, y disputas entre herederos en proceso de sucesión. Los conflictos entre socios en sociedades anónimas (SA) y sociedades de responsabilidad limitada (SRL) registradas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) deben intentar resolverse a través de mediación prejudicial antes de iniciar acciones judiciales ante los Juzgados en lo Comercial de CABA.

La cuarta situación abarca los conflictos derivados de contratos de locación de inmuebles: reclamos por falta de pago de alquiler, consignación de llaves, daños al inmueble locado, y resolución de contratos de locación regidos por el CCyC (tras la derogación de la Ley de Alquileres por el DNU 70/2023 y la Ley 27.742). El artículo 1 de la Ley 26.589 incluye expresamente los conflictos locativos dentro del ámbito de la mediación prejudicial obligatoria, con la excepción de los desalojos urgentes que pueden ir directamente al proceso judicial de desalojo exprés.

La quinta situación es la previa a las demandas laborales en jurisdicciones que han adherido al sistema de mediación laboral, como algunas provincias argentinas. En CABA, las demandas laborales ante la Justicia Nacional del Trabajo no están sujetas a mediación prejudicial obligatoria bajo la Ley 26.589, pero en provincias como Buenos Aires el sistema del artículo 23 de la Ley 13.951 provincial establece un mecanismo de mediación laboral previo obligatorio con características específicas distintas a las de la mediación civil.

Finalmente, la mediación prejudicial es necesaria en todo conflicto patrimonial entre cónyuges o convivientes relacionado con la liquidación de la sociedad conyugal, la división de bienes gananciales conforme al artículo 460 del Código Civil y Comercial N.° 26.994 (CCyC), o la determinación de alimentos entre ex cónyuges adultos —con exclusión de los alimentos para menores de edad, que están exentos del requisito de mediación previa conforme al artículo 5 inc. b) Ley 26.589.

Una Solicitud de Mediación Prejudicial Obligatoria válida en Argentina conforme a la Ley 26.589 y la Resolución MJ 239/2012 debe contener los siguientes elementos esenciales para que el mediador pueda notificar correctamente a la parte requerida y el procedimiento produzca el efecto de suspensión de la prescripción.

Identificación del requirente (futuro actor): nombre completo o razón social, DNI o CUIT/CUIL, domicilio real y domicilio constituido para el procedimiento de mediación, teléfono de contacto, correo electrónico, nombre y datos del letrado patrocinante (nombre, matrícula, domicilio profesional) con indicación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) donde está matriculado. La Ley 26.589 Art. 11 exige que ambas partes concurran a la mediación con patrocinio letrado.

Identificación del requerido (futuro demandado): nombre completo o razón social del requerido, DNI o CUIT/CUIL si se conoce, domicilio real o social donde deba ser notificado. Si el requerido es una persona jurídica, indicar el domicilio social inscripto en la IGJ o Registro Público y el nombre del representante legal. Si no se conoce el domicilio del requerido, el requirente debe acreditarlo antes de iniciar la solicitud — la falta de domicilio no impide la solicitud pero obliga al mediador a intimar al requirente a aportar el domicilio antes de notificar.

Objeto del reclamo y pretensión: descripción clara y precisa del conflicto que motiva la mediación — los hechos que generan el reclamo, la relación jurídica involucrada (contrato, cuasidelito, obligación legal), la pretensión del requirente expresada en términos concretos (cobro de $X en concepto de Y, entrega del inmueble X, cumplimiento de la obligación Z) y el monto reclamado en ARS o en moneda extranjera con indicación del tipo de cambio de referencia (BCRA, dólar oficial o dólar MEP según corresponda al tipo de obligación).

Elección de mediador o solicitud de sorteo: el requirente puede optar por: (a) designar un mediador habilitado específico del Registro Nacional de Mediadores del Ministerio de Justicia, indicando su nombre, matrícula y domicilio profesional; o (b) solicitar al Centro de Mediación del Ministerio de Justicia la asignación de un mediador por sorteo. La mediación a pedido de parte con mediador elegido tiene un costo de honorarios del mediador a cargo de las partes (con honorarios mínimos fijados por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal — CPACF conforme al Artículo 29 Ley 26.589); la mediación oficial con mediador asignado por sorteo del Centro de Mediación es de acceso gratuito para personas de escasos recursos o de costo reducido.

Fecha y firma: fecha de la solicitud y firma del requirente o de su letrado patrocinante con indicación de la matrícula del CPACF o del colegio provincial correspondiente. La firma del letrado en la solicitud es requisito formal de la Ley 26.589 para la validez del procedimiento.

Efecto sobre la prescripción: conforme al Artículo 18 de la Ley 26.589, la presentación de la solicitud de mediación suspende el plazo de prescripción de la acción durante el período que dure el procedimiento de mediación. La suspensión opera desde la fecha de la solicitud hasta el cierre de la mediación (con acuerdo, con fracaso o con incomparecencia del requerido). El requirente debe conservar la constancia de fecha de presentación de la solicitud como prueba de la suspensión de la prescripción.

En forms-legal.com puede generar el formulario completo de solicitud con todos los campos exigidos por el Ministerio de Justicia. La presentación de la solicitud, la notificación al requerido y la conducción de las audiencias de mediación deben ser realizadas con patrocinio letrado conforme al Art. 11 de la Ley 26.589. Toda actuación ante el sistema de mediación prejudicial requiere la asistencia de un abogado matriculado ante el CPACF o el colegio provincial correspondiente.

Para completar la Solicitud de Mediación Prejudicial Obligatoria en Argentina y dar inicio válido al proceso conforme a la Ley 26.589, siga estos pasos.

Paso 1 — Verificar que el conflicto esté alcanzado por la Ley 26.589: el artículo 1 de la Ley 26.589 establece la mediación como obligatoria para la mayoría de los reclamos civiles y comerciales en CABA. Sin embargo, el artículo 5 enumera las excepciones: causas penales, acciones de separación personal y divorcio, procesos de declaración de incapacidad y rehabilitación, medidas cautelares hasta que se dispongan, acciones de amparo, hábeas corpus y hábeas data, juicios sucesorios, concursos preventivos y quiebras, causas en las que el Estado sea parte, y reclamos de alimentos para menores. Si el conflicto está en alguna de estas excepciones, no es necesario iniciar mediación prejudicial.

Paso 2 — Elegir el mediador y la sede: el solicitante puede elegir un mediador de la lista del Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, o del Cuerpo de Mediadores del Centro de Mediación del Poder Judicial de la Nación. También puede optar por los Centros Comunitarios de Mediación (CCM) del Ministerio de Justicia para conflictos de menor cuantía económica. El mediador designado notificará a la otra parte la convocatoria a la audiencia de mediación conforme al artículo 16 de la Ley 26.589 y al artículo 14 del Decreto Reglamentario 1467/2011.

Paso 3 — Completar los datos de las partes: indicar nombre completo y DNI del requirente (quien inicia la mediación) y del requerido (la contraparte). Para personas jurídicas, indicar razón social, CUIT, domicilio legal ante la IGJ o el organismo de contralor provincial, y datos del representante legal autorizado conforme al estatuto social. Si hay múltiples requeridos (litisconsorcio pasivo), listar todos con sus datos de identificación y domicilio real donde serán notificados.

Paso 4 — Describir el objeto de la mediación: relatar sucintamente el conflicto que motiva la solicitud, indicando la relación jurídica entre las partes (contrato de compraventa, locación, préstamo, relación societaria), el incumplimiento o daño invocado, el monto estimado del reclamo si es dinerario, y el tipo de solución que se procura (pago de suma de dinero, cumplimiento de obligación de hacer, entrega de bien, resolución de contrato). La descripción debe ser suficiente para que el mediador comprenda el conflicto sin revelar la estrategia de negociación.

Paso 5 — Presentar la solicitud y abonar el arancel: la solicitud se presenta ante el Centro de Mediación elegido o directamente al mediador en su sede. El arancel del mediador se abona conforme a los aranceles mínimos fijados por la Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos vigente para cada instancia del proceso de mediación (audiencia inicial, acuerdo, acta de cierre sin acuerdo). El requirente abona la primera cuota al presentar la solicitud; el requerido puede abonar su cuota si decide participar activamente en la negociación.

Paso 6 — Conservar el acta de cierre: al finalizar la mediación (con acuerdo o sin acuerdo), el mediador labra el Acta de Cierre conforme al artículo 27 de la Ley 26.589. Si no hubo acuerdo, el Acta de Cierre sin acuerdo habilita al requirente a iniciar la demanda judicial ante el juzgado competente. Si hubo acuerdo, el acta tiene fuerza ejecutoria una vez homologada por el juez competente conforme al artículo 29 Ley 26.589, o directamente si las partes cumplen voluntariamente lo pactado.

La Solicitud de Mediación Prejudicial Obligatoria en Argentina debe cumplir los siguientes requisitos legales para que el proceso de mediación tenga validez y el acta resultante produzca efectos jurídicos.

Marco legal de la mediación prejudicial: el régimen de mediación prejudicial obligatoria se rige por la Ley 26.589 de Mediación y Conciliación, reglamentada por el Decreto 1467/2011. La ley establece en su artículo 1 la obligatoriedad de la mediación previa como instancia de resolución de conflictos antes de iniciar procesos judiciales civiles y comerciales en la jurisdicción nacional (CABA y justicia federal). Las provincias tienen sus propios regímenes de mediación: la Provincia de Buenos Aires por la Ley 13.951, Córdoba por la Ley 8858, y Santa Fe por la Ley 13.151.

Habilitación del mediador: el mediador que conduce el proceso debe estar inscripto en el Registro Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación conforme al artículo 9 de la Ley 26.589, con matrícula vigente y sin suspensiones. La actuación de un mediador no habilitado o con matrícula vencida invalida el proceso y el acta resultante no tiene efectos jurídicos. Las partes pueden verificar la habilitación del mediador en el Registro Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia.

Notificación de la convocatoria al requerido: la convocatoria a la audiencia de mediación debe notificarse al requerido con una antelación mínima de 3 días hábiles conforme al artículo 16 de la Ley 26.589 y al artículo 14 del Decreto 1467/2011. La notificación puede realizarse por cédula, por telegrama colacionado, o por carta documento con aviso de retorno. La falta de notificación fehaciente o con plazo insuficiente vicia el proceso y puede ser invocada por el requerido para impugnar el acta de cierre.

Efecto interruptivo de la prescripción: la presentación de la solicitud de mediación prejudicial interrumpe el plazo de prescripción de la acción judicial conforme al artículo 18 de la Ley 26.589 y al artículo 2541 del Código Civil y Comercial N.° 26.994 (CCyC). La prescripción se reanuda desde el momento en que cualquiera de las partes declare concluida la mediación o desde que se suscribe el acta de cierre. Este efecto interruptivo es crucial para los reclamos que están próximos al vencimiento del plazo de prescripción.

Homologación del acuerdo: el acuerdo alcanzado en mediación prejudicial adquiere fuerza de cosa juzgada una vez homologado por el juez competente conforme al artículo 29 de la Ley 26.589. La homologación es el acto procesal que convierte el acuerdo privado en un título ejecutorio accionable ante los Juzgados de Ejecución en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes. Sin homologación, el acuerdo solo tiene valor contractual entre las partes, ejecutable a través de un juicio ordinario de cumplimiento de contrato.

Los errores más frecuentes en la Solicitud de Mediación Prejudicial Obligatoria en Argentina que invalidan el proceso o perjudican la posición de las partes son los siguientes.

Iniciar la demanda judicial sin haber agotado la mediación prejudicial: demandar ante los Juzgados Civiles o Comerciales de CABA sin haber completado el proceso de mediación prejudicial da lugar a que el demandado oponga la excepción de falta de habilitación de instancia conforme al artículo 35 de la Ley 26.589, lo que determina la inadmisibilidad de la demanda y obliga al actor a completar el proceso de mediación antes de poder presentarla nuevamente. Esta situación puede resultar en la pérdida del plazo de prescripción si el error no se advierte a tiempo.

Concurrir sin representación letrada cuando el monto lo requiere: el artículo 11 de la Ley 26.589 establece la asistencia letrada obligatoria en el proceso de mediación prejudicial cuando así lo determinen las partes o cuando la complejidad del conflicto lo justifique. En la práctica judicial de CABA, se recomienda concurrir siempre con patrocinio de abogado matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) para proteger adecuadamente los intereses del cliente en la negociación y en la redacción del acuerdo.

Suscribir un acuerdo de mediación sin verificar su ejecutoriedad: el acuerdo alcanzado en mediación tiene fuerza ejecutoria solo después de su homologación judicial conforme al artículo 29 de la Ley 26.589. Suscribir un acuerdo sin solicitarlo a homologación ante el juez competente deja a la parte acreedora sin título ejecutorio directo para reclamar el incumplimiento, y debe iniciar un juicio ordinario de cumplimiento de contrato que es más lento y costoso que el proceso de ejecución de acuerdo homologado.

No conservar copia del acta de cierre sin acuerdo: el acta de cierre sin acuerdo emitida por el mediador conforme al artículo 27 Ley 26.589 es el documento que habilita al requirente a presentar la demanda judicial. Perder o no conservar el acta obliga a solicitar una nueva copia al mediador, lo que puede generar demoras y conflictos con el mediador si el archivo no se conserva adecuadamente. El acta debe conservarse en el expediente del abogado y en el archivo personal del cliente.

No contemplar el efecto interruptivo de la prescripción: la presentación de la solicitud de mediación prejudicial interrumpe la prescripción conforme al artículo 2541 del Código Civil y Comercial N.° 26.994 (CCyC). Sin embargo, si el proceso de mediación se extiende más allá del plazo interrumpido y luego no se inicia la demanda judicial en tiempo oportuno, el plazo de prescripción puede reanudarse y eventualmente vencerse. Los abogados deben calcular cuidadosamente los plazos de prescripción en relación con la duración del proceso de mediación.

No notificar correctamente al requerido: la convocatoria a la audiencia de mediación debe llegar efectivamente al requerido con al menos 3 días hábiles de anticipación conforme al artículo 16 Ley 26.589. Notificaciones enviadas a domicilios desactualizados, o mediante medios no fehacientes, pueden ser impugnadas por el requerido, invalidando la audiencia y obligando a repetir el proceso de notificación, con el consecuente retraso en el inicio de la acción judicial y el riesgo de vencimiento de plazos procesales.