Solicitud de Cancelación de Datos Personales Chile

El responsable de un banco de datos en Chile puede negarse a cancelar los datos personales del titular únicamente cuando concurre alguna de las causales de excepción establecidas por la Ley 19.628 de 1999 y la Ley 21.719 de 2024. Las principales causales de denegación son: (1) el tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal o de un mandato de una autoridad pública competente — por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos no puede eliminar registros tributarios que la ley exige conservar durante seis años conforme al Artículo 200 del Código Tributario; (2) los datos son necesarios para la defensa de derechos del responsable en procedimientos judiciales o administrativos en curso — por ejemplo, liquidaciones de sueldo que el empleador necesita para defenderse en un juicio laboral; (3) el tratamiento es necesario para fines de interés público o estadístico, con las limitaciones que establece la ley; (4) existe un contrato vigente que justifica el tratamiento de los datos del titular. La negativa debe ser comunicada por escrito al titular dentro del plazo legal, con indicación de la causal legal específica que la justifica. La negativa sin fundamento legal o el silencio del responsable constituye infracción sancionable por la Agencia de Protección de Datos Personales conforme a la Ley 21.719, con multas de hasta 5.000 UTM para infracciones graves.

Para eliminar una anotación en DICOM — operado por Equifax Chile S.A. — después de pagar la deuda, el titular debe seguir el procedimiento establecido en los Artículos 17 a 19 de la Ley 19.628 de 1999. El proceso involucra dos etapas: primero, el acreedor (banco, empresa, o entidad que reportó la deuda) debe notificar a Equifax Chile S.A. el pago o regularización de la deuda para que el operador del registro proceda a su actualización o eliminación. En la práctica, muchos acreedores no notifican espontáneamente el pago, por lo que el titular debe solicitar activamente la cancelación. El titular puede presentar la solicitud de cancelación directamente ante Equifax Chile S.A. — con domicilio en Santiago — acompañando el comprobante de pago de la deuda, el RUT del titular y los datos de la deuda pagada. Equifax Chile S.A. tiene la obligación de eliminar o actualizar la anotación una vez que el acreedor confirma el pago. Si Equifax Chile no procesa la eliminación dentro del plazo legal — dos días hábiles para datos en soporte electrónico conforme al Artículo 12 de la Ley 19.628 — el titular puede presentar reclamación ante la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) o interponer acción judicial. Para deudas cuyo monto original no excedía 80 UF, la Ley 19.628 establece que la anotación debe eliminarse automáticamente a los tres años de haber sido pagada, aunque el titular puede exigir su eliminación inmediata presentando el comprobante de pago.

El derecho al olvido digital es la facultad del titular de datos personales para solicitar a motores de búsqueda, plataformas digitales y sitios web que eliminen o desindexen resultados de búsqueda, publicaciones o contenidos que muestren datos personales del titular cuando el tratamiento es ilícito, los datos son inexactos, el titular revoca el consentimiento, o la conservación ya no es necesaria para los fines originales. La Ley 21.719 de 2024 incorpora expresamente el derecho al olvido al marco jurídico chileno de protección de datos personales, aproximando la legislación chilena a los estándares del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, que consagra este derecho en su Artículo 17. Para ejercer el derecho al olvido digital en Chile, el titular debe: (1) identificar la plataforma o motor de búsqueda que publica o indexa los datos cuya eliminación solicita; (2) presentar la solicitud de cancelación ante el responsable de la plataforma, identificando los contenidos específicos y la causal legal de cancelación; (3) si el responsable no responde o deniega la solicitud sin fundamento, presentar reclamación ante la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) o ejercer la acción de protección del Artículo 20 de la Constitución Política de la República ante la Corte de Apelaciones competente. La Ley 21.719 establece que la APDP tiene competencia para ordenar a las plataformas digitales la desindexación o eliminación de contenidos cuando se acredita la vulneración del derecho al olvido.

La cancelación y la rectificación son dos derechos distintos dentro del catálogo ARCO de la Ley 19.628 y la Ley 21.719 de 2024. La rectificación — regulada en el Artículo 12 N° 1 de la Ley 19.628 — es el derecho del titular a exigir que el responsable corrija, actualice o modifique datos personales inexactos, incompletos o desactualizados que almacena en su banco de datos. El dato sigue existiendo en el registro del responsable, pero se corrige para reflejar la realidad actual. La cancelación — regulada en el Artículo 12 N° 3 de la Ley 19.628 — es el derecho del titular a exigir la eliminación total de sus datos del banco de datos del responsable cuando concurre alguna de las causales legales habilitantes. Los datos dejan de existir en el registro del responsable. La elección entre rectificación y cancelación depende de la situación concreta: si el dato es erróneo pero su existencia en el registro está justificada legalmente, corresponde la rectificación; si el fundamento legal del almacenamiento ha desaparecido — por pago de la deuda, revocación del consentimiento, o innecesaridad del dato para la finalidad original — corresponde la cancelación. En algunos casos, el titular puede ejercer ambos derechos simultáneamente: solicitar que los datos incorrectos sean corregidos y que, adicionalmente, los datos que ya no tienen fundamento legal sean eliminados del registro.

Las sanciones aplicables al responsable que incumple el deber de cancelar datos personales en Chile están reguladas principalmente por la Ley 21.719 de 2024, que establece un sistema de infracciones y sanciones administrado por la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP). La Ley 21.719 clasifica las infracciones en leves, graves y gravísimas. El incumplimiento del deber de respuesta a las solicitudes de cancelación de los titulares puede constituir infracción grave, sancionable con multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para entidades del sector privado — equivalente a aproximadamente CLP 330 millones en 2025. Las infracciones gravísimas — como el tratamiento ilícito masivo de datos sensibles — pueden sancionarse con multas de hasta 10.000 UTM. La APDP también puede ordenar al responsable la suspensión del tratamiento de datos y la cancelación forzada de los datos ilegalmente almacenados. Además de las sanciones administrativas de la APDP, el titular puede demandar civilmente al responsable ante los Juzgados de Letras en lo Civil por los perjuicios causados por el tratamiento ilícito de sus datos — lucro cesante, daño emergente y daño moral conforme al Artículo 2314 del Código Civil. Si el incumplimiento constituye delito informático conforme a la Ley 19.223 o la Ley 21.459 — por ejemplo, acceso no autorizado a datos de salud — el titular puede además presentar denuncia ante el Ministerio Público para iniciar la investigación penal correspondiente.

La Ley 21.719 de 2024, publicada en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024, introduce cambios significativos al ejercicio del derecho de cancelación de datos personales en Chile, modernizando la Ley 19.628 de 1999 y aproximando el marco chileno a los estándares internacionales del RGPD europeo y la LGPD brasileña. Las principales novedades de la Ley 21.719 relevantes para la cancelación son: (1) crea la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) como organismo autónomo con facultades de investigación, sanción y supervisión del cumplimiento del derecho de cancelación; (2) incorpora el derecho al olvido digital aplicable a plataformas en línea y motores de búsqueda; (3) amplía el catálogo de datos sensibles que reciben protección reforzada — incluyendo datos genéticos, biométricos y de menores — con obligaciones especiales de cancelación cuando se trata sin base legal; (4) establece el principio de limitación de la conservación, obligando a los responsables a eliminar los datos cuando dejen de ser necesarios para la finalidad que justificó su recolección; (5) eleva las sanciones por incumplimiento del deber de cancelación hasta 5.000 UTM para infracciones graves; y (6) impone a los responsables de mayor tamaño la obligación de designar un Delegado de Protección de Datos (DPD) que gestione las solicitudes de los titulares. La Ley 21.719 entra en vigor plena 24 meses después de su publicación — en diciembre de 2026 — aunque algunos de sus artículos son de aplicación inmediata desde su publicación.

El empleador puede negar la cancelación de datos personales del ex trabajador durante el período en que existe una obligación legal de conservar esos datos, pero no puede conservarlos indefinidamente una vez que ha desaparecido el fundamento legal del tratamiento. Los datos laborales que el empleador debe conservar por imperativo legal incluyen: las liquidaciones de sueldo por el período de prescripción tributaria de seis años (Artículo 200 del Código Tributario), los contratos de trabajo y finiquitos por el plazo de prescripción de las acciones laborales de cinco años (Artículo 480 del Código del Trabajo), y los registros de cotizaciones previsionales por el plazo de prescripción de las acciones de cobro de cotizaciones de cinco años (Artículo 14 de la Ley 17.322). Transcurridos estos plazos, el empleador debe eliminar los datos personales del ex trabajador que ya no son necesarios para ningún fin legal, y el ex trabajador puede exigir su cancelación conforme al Artículo 12 N° 3 de la Ley 19.628. Los datos de evaluaciones de desempeño, registros disciplinarios, informes médicos ocupacionales y otros datos personales que no tienen un fundamento de conservación legal específico deben ser eliminados en cuanto dejan de ser necesarios para la finalidad original del tratamiento. Si el empleador conserva datos del ex trabajador para fines de marketing, listas negras laborales, o cualquier uso no autorizado, el ex trabajador puede exigir la cancelación inmediata y denunciar ante la Agencia de Protección de Datos Personales.

La cancelación y la oposición son derechos distintos del catálogo ARCO que se ejercen en situaciones diferentes y producen efectos distintos sobre el tratamiento de datos personales. La cancelación — Artículo 12 N° 3 de la Ley 19.628 — implica la eliminación definitiva de los datos del registro del responsable. Es el remedio adecuado cuando los datos no debieron ser almacenados desde el inicio (falta de consentimiento, fundamento legal inexistente) o cuando el fundamento legal del tratamiento ha desaparecido (pago de deuda, cumplimiento del fin original, revocación del consentimiento). La oposición — contemplada en los derechos ARCO de la Ley 19.628 y desarrollada por la Ley 21.719 — es el derecho del titular a oponerse a que sus datos sean utilizados para determinados fines, especialmente para tratamientos automatizados, elaboración de perfiles, o uso para marketing directo. La oposición no necesariamente implica la eliminación de los datos — el responsable puede conservarlos pero debe cesar el tratamiento específico al que el titular se opone. En la práctica: si el titular desea que una empresa de marketing elimine por completo su información de sus sistemas, debe ejercer el derecho de cancelación; si desea que la empresa deje de enviarle publicidad pero no se opone a que conserve sus datos para la ejecución del contrato de servicio, debe ejercer el derecho de oposición. Ambos derechos pueden ejercerse conjuntamente en una misma solicitud cuando las circunstancias del caso así lo justifican.