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title: "Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana Colombia"
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description: "El Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana Colombia es un contrato regulado por Ley 820 de 2003 arts. 1-44 que vincula a las partes obligándolas a cumplir las prestaciones pactadas conforme a la ley colombiana."
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jurisdiction: "Colombia"
category: "Bienes Raíces / Arrendamientos y Alquileres"
primaryStatute: "Ley 820 de 2003 arts. 1-44"
dateModified: "2026-10-29"
maintainer: "Vladislav Sergienko, founder (not a lawyer)"
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# Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana Colombia

- Colombia · Bienes Raíces / Arrendamientos y Alquileres
- Base legal: Ley 820 de 2003 arts. 1-44

## ¿Qué es Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana Colombia?

El Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana Colombia es un contrato regulado por Ley 820 de 2003 arts. 1-44 que vincula a las partes obligándolas a cumplir las prestaciones pactadas conforme a la ley colombiana.

El Código Civil (CC) — Ley 57 de 1887 — proporciona el marco jurídico supletorio para los contratos de arrendamiento a través de los Artículos 1973 a 2044, que regulan las obligaciones generales de arrendadores y arrendatarios. La Ley 820 de 2003 opera como lex specialis para arrendamientos residenciales urbanos, prevaleciendo sobre las disposiciones generales del Código Civil cuando existan conflictos. El Artículo 51 de la Constitución Política reconoce el derecho a la vivienda digna, que sustenta las reglas de protección de la Ley 820.

Bajo el Artículo 2 de la Ley 820 de 2003, la ley se aplica a todos los contratos para el uso y goce de inmuebles urbanos o partes de ellos destinados a vivienda — incluyendo apartamentos, casas, habitaciones y cualquier otra unidad de vivienda urbana. El Artículo 3 admite que el contrato sea verbal o escrito; cuando conste por escrito, el numeral 3 del Artículo 8 obliga al arrendador a entregar al arrendatario (y al codeudor, si lo hay) copia con firmas originales dentro de los diez días siguientes a su celebración. La falta de contrato escrito no invalida la relación de arrendamiento — la relación existe por ministerio de la ley cuando la ocupación ocurre con el consentimiento del arrendador.

El canon de arrendamiento mensual es pactado libremente por las partes bajo el Artículo 18 de la Ley 820, sujeto al tope que fija ese mismo Artículo 18: el canon mensual no puede exceder el 1% del valor comercial del inmueble (o de la parte que se dé en arriendo), y para este efecto el valor comercial no puede estimarse en más de dos veces el avalúo catastral vigente. Los incrementos del canon durante la vigencia del contrato están limitados al IPC (Índice de Precios al Consumidor) anual publicado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) conforme al Artículo 20 de la Ley 820 — cada doce meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador puede incrementar el canon hasta el 100% del IPC del año calendario inmediatamente anterior, siempre que el nuevo canon no supere el tope del Artículo 18.

El Artículo 4 de la Ley 820 de 2003 clasifica los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en individual, mancomunado, compartido y de pensión (parte no independiente de un inmueble con servicios, por término inferior a un año). El término es el que acuerden las partes y, a falta de estipulación, se entiende de un año (Artículo 5). Según el Artículo 6, el contrato se prorroga en iguales condiciones y por el mismo término inicial cuando ambas partes han cumplido, salvo preaviso escrito enviado por servicio postal autorizado con al menos tres meses de antelación al vencimiento (Artículos 22 numeral 8 y 24 numeral 5).

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio supervisa la política de vivienda, mientras la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) administra el sistema de registro de la propiedad a través de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos locales. El Certificado de Tradición y Libertad — el documento oficial de historia de título emitido por el Registro de Instrumentos Públicos — confirma la propiedad y cualquier gravamen (hipotecas, embargos, afectaciones a vivienda familiar bajo la Ley 258 de 1996) que pueda afectar el derecho del arrendador a arrendar el inmueble.

Las controversias derivadas de arrendamientos residenciales urbanos se resuelven ante los Juzgados Civiles Municipales (para procesos de restitución de inmueble arrendado regulados por el Artículo 384 del Código General del Proceso — Ley 1564 de 2012). La conciliación previa ante un centro de conciliación, la Personería Municipal o un centro de arbitraje se rige hoy por la Ley 2220 de 2022, que derogó la Ley 640 de 2001.

## ¿Cuándo necesitas Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana Colombia?

Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana Colombia se requiere cada vez que un propietario arrienda vivienda urbana a un arrendatario para fines residenciales dentro del territorio de la República de Colombia. El Artículo 2 de la Ley 820 de 2003 define el alcance ampliamente para incluir cualquier contrato para el uso y goce de inmuebles urbanos o partes de ellos destinados a habitación — haciendo necesario el documento para apartamentos, casas, habitaciones, vivienda estudiantil y alojamiento amoblado (pensión).

El contrato es necesario cuando un propietario que figura en el Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos arrienda un inmueble residencial directamente o a través de un administrador o inmobiliaria. Cuando el contrato conste por escrito, el numeral 3 del Artículo 8 de la Ley 820 obliga al arrendador a entregar al arrendatario (y al codeudor) copia con firmas originales dentro de los diez días siguientes a su celebración; el incumplimiento se sanciona con multa equivalente a tres mensualidades (parágrafo del Artículo 8).

El contrato de arrendamiento residencial se requiere al arrendar inmuebles en cualquiera de los municipios urbanos de Colombia en los seis estratos socioeconómicos (estratos 1 al 6 bajo la Ley 142 de 1994). La clasificación de estrato afecta las tarifas de servicios públicos domiciliarios, y el contrato debe identificar el estrato del inmueble para informar al arrendatario sobre los costos esperados de servicios. Los inmuebles en estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios en servicios públicos, mientras que los estratos 5 y 6 pagan contribuciones — estos costos típicamente son asumidos por el arrendatario bajo el contrato de arrendamiento.

El documento es necesario cuando se arrienda una unidad de propiedad horizontal bajo la Ley 675 de 2001 — el contrato debe abordar la obligación del arrendatario de cumplir con el reglamento de propiedad horizontal y la asignación de la cuota de administración. Bajo el Artículo 36 de la Ley 675, el propietario sigue siendo responsable ante la copropiedad por las cuotas de administración, aun si el contrato asigna la responsabilidad de pago al arrendatario.

El contrato de arrendamiento residencial se requiere cuando un propietario que financia el inmueble mediante crédito hipotecario de un banco vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) desea arrendar el inmueble. El contrato de crédito hipotecario típicamente requiere notificación al acreedor sobre los acuerdos de arrendamiento, y el Certificado de Tradición y Libertad mostrará la hipoteca como gravamen.

El documento es necesario para el cumplimiento tributario ante la DIAN: los ingresos por arrendamiento constituyen ingreso gravable para impuesto de renta bajo los Artículos 26 a 28 del Estatuto Tributario, y el arrendador debe declarar los ingresos por arrendamiento en la declaración de renta anual. Cuando el arrendador es persona natural, la retención en la fuente al 3,5% aplica sobre cánones mensuales que excedan 27 UVT conforme al Artículo 392 del ET.

## Qué incluir en tu Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana Colombia

Un Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana Colombia válido bajo la Ley 820 de 2003 debe contener los siguientes elementos esenciales establecidos en los Artículos 3 y 4 para proteger a ambas partes y ser ejecutable ante los Juzgados Civiles bajo el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

Identificación de las Partes: Nombre completo y cédula de ciudadanía (o cédula de extranjería) tanto del arrendador como del arrendatario. Cuando el arrendador sea persona jurídica, debe incluirse la razón social, el NIT (Número de Identificación Tributaria asignado por la DIAN) y la identificación del representante legal. Cuando una inmobiliaria o administrador actúe en representación del arrendador, debe referenciarse el contrato de administración e incluir la identificación del agente. Bajo el Artículo 3 de la Ley 820, el contrato debe identificar a las partes contratantes y el inmueble.

Descripción del Inmueble: Dirección completa del inmueble arrendado, incluyendo municipio, barrio, estrato socioeconómico (bajo la Ley 142 de 1994), número de matrícula inmobiliaria del Registro de Instrumentos Públicos y número de cédula catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la oficina catastral municipal. Para apartamentos en propiedad horizontal (Ley 675 de 2001), debe especificarse el número de la unidad, la torre y el número de registro de propiedad horizontal.

Duración y Tipo de Contrato: Especificación de la modalidad del contrato bajo el Artículo 4 de la Ley 820 (individual, mancomunado, compartido o de pensión) y del término pactado (a falta de estipulación, un año, Artículo 5). Las fechas de inicio y terminación deben establecerse claramente. Aplica la prórroga automática del Artículo 6: el contrato se prorroga por el mismo término salvo preaviso escrito enviado por servicio postal autorizado con al menos tres meses de antelación al vencimiento — el arrendador solo por las causales del numeral 8 del Artículo 22 y el arrendatario según el numeral 5 del Artículo 24.

Canon de Arrendamiento: El monto mensual del canon en pesos colombianos (COP), la fecha de pago y la forma de pago. Bajo el Artículo 18 de la Ley 820, el canon inicial se pacta libremente. Bajo el Artículo 20, los incrementos anuales durante la vigencia del contrato están limitados al porcentaje del IPC (Índice de Precios al Consumidor) publicado por el DANE para el año calendario anterior (5,10% para 2025). El arrendador debe informar al arrendatario el monto del incremento y la fecha en que se hará efectivo, por servicio postal autorizado o por el mecanismo de notificación personal pactado en el contrato; de lo contrario, el reajuste es inoponible al arrendatario.

Garantías: El Artículo 16 de la Ley 820 de 2003 prohíbe exigir depósitos en dinero efectivo u otra clase de cauciones reales para garantizar las obligaciones del arrendatario en el contrato de vivienda urbana. Sin embargo, se permiten garantías de codeudor, pólizas de arrendamiento expedidas por compañías de seguros y verificación de ingresos. Estas garantías tampoco pueden pactarse indirectamente, por interpuesta persona o en documentos distintos del contrato (inciso segundo del Artículo 16).

Servicios Públicos y Administración: Asignación de responsabilidad por servicios públicos domiciliarios — acueducto, energía, gas natural y telecomunicaciones — típicamente a cargo del arrendatario. Para propiedad horizontal, debe especificarse la asignación de la cuota de administración; bajo el Artículo 36 de la Ley 675 de 2001, el propietario sigue siendo responsable ante la copropiedad independientemente de los acuerdos de pago con el arrendatario.

Estado del Inmueble e Inventario: El Artículo 8 de la Ley 820 exige la entrega del inmueble en buen estado y obliga al arrendador a mantener la habitabilidad durante todo el arrendamiento. Un inventario que describa el estado del inmueble, accesorios y daños existentes debe anexarse al contrato y ser firmado por ambas partes.

Causales de Terminación: Enumeración de las causales de terminación unilateral por cada parte bajo los Artículos 22 (causales del arrendador, incluyendo ocupación personal, reparaciones mayores y demolición — cada una requiriendo períodos de preaviso específicos y, en algunos casos, indemnización) y 24 de la Ley 820 (causales del arrendatario). Según el numeral 4 del Artículo 24, el arrendatario puede terminar el contrato durante el término inicial o sus prórrogas con preaviso escrito de al menos tres meses por servicio postal autorizado y el pago de una indemnización de tres meses de canon; según el numeral 5, puede terminarlo al vencimiento con el mismo preaviso y sin indemnización.

Todo contrato de arrendamiento residencial debe ser revisado por un abogado civilista o abogado inmobiliario para confirmar el cumplimiento de la Ley 820 de 2003, la Ley 675 de 2001 (para unidades en propiedad horizontal) y las regulaciones municipales específicas aplicables a la ubicación del inmueble.

## Preguntas Frecuentes

### ¿Puede un arrendador exigir un depósito de garantía para un arrendamiento residencial en Colombia?

El Artículo 16 de la Ley 820 de 2003 prohíbe expresamente exigir, en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, depósitos en dinero efectivo u otra clase de cauciones reales para garantizar las obligaciones del arrendatario, y tampoco permite pactarlos indirectamente, por interpuesta persona o en documento separado. La regla protege el acceso a la vivienda digna que reconoce el Artículo 51 de la Constitución Política de 1991. Los arrendadores que cobren depósitos prohibidos se exponen a sanciones y el arrendatario puede reclamar la devolución de lo pagado. Sin embargo, la Ley 820 no prohíbe otras formas de garantía: los arrendadores comúnmente exigen un codeudor que asuma responsabilidad solidaria por los pagos del canon, o una póliza de arrendamiento expedida por una compañía de seguros vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las inmobiliarias típicamente realizan un estudio de arrendatario verificando ingresos — generalmente exigiendo ingresos de al menos tres veces el canon mensual — referencias laborales e historial crediticio en centrales de riesgo como DataCrédito o TransUnion Colombia.

### ¿Cuánto puede incrementar un arrendador el canon de arrendamiento cada año en Colombia?

Bajo el Artículo 20 de la Ley 820 de 2003, el incremento anual del canon de arrendamiento para arrendamientos residenciales urbanos en Colombia está limitado al porcentaje del IPC (Índice de Precios al Consumidor) publicado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para el período de doce meses que finaliza el 31 de diciembre del año anterior. Para reajustes que se hagan en 2026, el IPC aplicable es el de 2025, del 5,10% según el DANE (el de 2024 fue 5,20%). El reajuste solo procede cada doce meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el nuevo canon no puede superar el tope del Artículo 18, y el arrendador debe informar al arrendatario el monto y la fecha en que se hará efectivo por servicio postal autorizado o por el mecanismo de notificación personal pactado en el contrato, so pena de que el reajuste le sea inoponible. Cualquier incremento que exceda el porcentaje del IPC es ilegal y el arrendatario puede rehusarse a pagar la cantidad excedente. El arrendatario también puede presentar una queja ante la Alcaldía Municipal o iniciar proceso ante el Juzgado Civil Municipal contra el arrendador por cobrar canon por encima del límite legal. Bajo el Artículo 18 de la Ley 820, el canon inicial de un nuevo contrato se pacta libremente entre las partes dentro del tope del 1% del valor comercial — la limitación del IPC aplica únicamente a incrementos durante la vigencia de un contrato existente o al momento de la renovación.

### ¿Qué período de preaviso se requiere para terminar un arrendamiento residencial en Colombia?

Los períodos de preaviso para terminar un arrendamiento residencial urbano en Colombia varían según la parte que inicie la terminación y el motivo. Bajo el numeral 8 del Artículo 22 de la Ley 820 de 2003, el arrendador puede terminar el contrato a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas mediante aviso escrito por servicio postal autorizado con al menos tres meses de anticipación, invocando una causal especial: ocupación del inmueble para su propia habitación por no menos de un año, demolición o reparación, entrega por compraventa, o su plena voluntad cuando el contrato haya cumplido al menos cuatro años (con indemnización de 1,5 meses de canon). En las tres primeras causales debe acompañar al aviso una caución a favor del arrendatario por seis meses de canon, que garantiza el cumplimiento de la causal dentro de los seis meses siguientes a la restitución. Durante las prórrogas, el numeral 7 permite además la terminación con tres meses de preaviso y una indemnización de tres meses de canon. Bajo el Artículo 24, el arrendatario puede terminar un contrato a término fijo mediante aviso escrito con al menos tres meses de anticipación a la fecha de vencimiento — o en cualquier momento durante la vigencia del contrato con tres meses de preaviso y el pago de una penalidad equivalente a tres meses de canon. Los preavisos de los Artículos 22 y 24 deben enviarse por escrito a través del servicio postal autorizado; sin constancia escrita del preaviso, el contrato se entiende renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. Conviene conservar la prueba de envío y recibo, ya que los Juzgados Civiles requieren evidencia de notificación adecuada en los procesos de restitución bajo el Artículo 384 del CGP.

### ¿Cuál es el proceso de desalojo por mora en el pago del canon en Colombia?

Cuando un arrendatario incurre en mora en el pago del canon en Colombia, el arrendador debe seguir el proceso judicial de desalojo (proceso de restitución de inmueble arrendado) establecido en el Artículo 384 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Antes de presentar la demanda, es recomendable enviar un requerimiento de pago al arrendatario para dejar registro documental. El arrendador luego presenta una demanda de restitución de tenencia ante el Juzgado Civil Municipal de la ubicación del inmueble, adjuntando el contrato de arrendamiento, la prueba de la mora y el Certificado de Tradición y Libertad del inmueble. El juez dicta auto admisorio y corre traslado al arrendatario; si este no se opone en el término de traslado, el juez dicta sentencia ordenando la restitución (numeral 3 del Artículo 384 del CGP). Bajo el numeral 1 del Artículo 22 de la Ley 820 de 2003, la no cancelación de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato es causal de terminación. Cuando la demanda se funda en falta de pago, el arrendatario no será oído en el proceso hasta que demuestre haber consignado a órdenes del juzgado los cánones adeudados o presente los recibos de pago de los tres últimos períodos (numeral 4 del Artículo 384 del CGP). Los procesos de desalojo en tribunales colombianos típicamente toman de tres a seis meses para casos no controvertidos y más tiempo si el arrendatario presenta defensas. La Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales pueden brindar asistencia jurídica a arrendatarios de estratos bajos que no puedan costear representación legal privada.

### ¿Quién es responsable de las reparaciones y el mantenimiento en un arrendamiento residencial colombiano?

La Ley 820 de 2003 y el Código Civil distribuyen las obligaciones de reparación y mantenimiento entre arrendador y arrendatario según la naturaleza y causa del daño. Bajo el Artículo 8 de la Ley 820, el arrendador debe entregar el inmueble en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, y es responsable de todas las reparaciones necesarias — reparaciones estructurales, mantenimiento de sistemas hidráulicos y eléctricos, reparaciones de techos e impermeabilización, y cualquier obra necesaria para mantener el inmueble en el estado en que fue entregado. Bajo el Artículo 1985 del CC, el arrendador asume el costo de las reparaciones mayores derivadas del desgaste normal o deficiencias estructurales. El arrendatario es responsable de las reparaciones locativas — aquellas causadas por el uso propio del inmueble, incluyendo retoques de pintura, reemplazo de luminarias, empaques de grifería y desatasco menor de desagües, bajo el Artículo 1985 del CC y el Artículo 9 de la Ley 820. Cuando el inmueble requiera reparaciones necesarias urgentes que el arrendador no realice después de notificación escrita, el arrendatario puede realizar las reparaciones y descontar el costo de cánones futuros, siempre que notifique al arrendador por escrito y conserve los recibos conforme al Artículo 1993 del CC. Para inmuebles en propiedad horizontal bajo la Ley 675 de 2001, la administración es responsable del mantenimiento de zonas comunes, financiado con la cuota de administración.

### ¿Los contratos de arrendamiento residencial generan obligaciones tributarias en Colombia?

Los ingresos por arrendamiento residencial en Colombia generan varias obligaciones tributarias para el arrendador bajo el Estatuto Tributario (ET). Los ingresos por arrendamiento constituyen ingreso gravable para efectos del impuesto de renta bajo los Artículos 26 a 28 del ET — el arrendador debe declarar todos los ingresos por arrendamiento en la declaración de renta anual presentada ante la DIAN. Las personas naturales que reciban ingresos por arrendamiento que excedan los topes establecidos por la DIAN para el año gravable correspondiente deben presentar declaración de renta; para 2025, el tope de declaración es ingresos brutos superiores a 1.400 UVT (aproximadamente COP$69.718.600). La retención en la fuente al 3,5% aplica sobre pagos mensuales de arrendamiento que excedan 27 UVT (aproximadamente COP$1.344.573 para 2025) conforme al Artículo 392 del ET — el arrendatario que sea agente de retención designado debe practicar y consignar este monto a la DIAN. El arrendamiento de inmuebles para vivienda está excluido de IVA bajo el Artículo 476 del ET — a diferencia de los ingresos por arrendamiento comercial que están gravados con IVA del 19%. El arrendador puede deducir ciertos gastos contra los ingresos por arrendamiento: impuesto predial (bajo la Ley 44 de 1990), cuota de administración (si la paga el arrendador), costos de mantenimiento del inmueble, depreciación e intereses hipotecarios. El GMF (gravamen a los movimientos financieros — 4x1000 bajo la Ley 633 de 2000) aplica a las transferencias bancarias de pagos de arrendamiento.

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